El bloque de diputados de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) presentó en el Parlamento un proyecto de resolución para promover un juicio político contra el presidente argentino, Alberto Fernández, informaron fuentes legislativas.
La solicitud de juicio político fue presentada a partir de la decisión del jefe de Estado de pagar con bonos públicos los fondos derivados de la recaudación tributaria que un fallo de la Corte Suprema le ordenó la semana pasada al Gobierno nacional restituir al Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires.
Al confirmar la presentación de este pedido de juicio político, el presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, comentó que intentar pagar con bonos a Buenos Aires los fondos de la denominada «coparticipación» tributaria «es un ardid malicioso para solapar la desobediencia al fallo de la Corte Suprema».
El proyecto de resolución presentado por los radicales en la Cámara de Diputados promueve un juicio político contra Alberto Fernández «por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone» la Constitución argentina.
Para avanzar en un juicio político, la Cámara de Diputados debe primero aprobar por al menos las dos terceras partes de sus miembros una resolución para promover el proceso y luego constituirse como acusadora del jefe de Estado ante el Senado, cámara a la que le corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara Baja.
Según la Constitución, cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema y el jefe de Estado no puede ser declarado culpable sin la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.
En caso de destitución por esta vía, le sustituye el vicepresidente, rol que actualmente desempeña Cristina Fernández.
La UCR es uno de los partidos que integran el frente opositor Juntos por el Cambio, también conformado por Propuesta Republicana (Pro), la fuerza política a la que pertenecen el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta.
Juntos por el Cambio no tiene las dos terceras partes de las bancas en ninguna de las dos cámaras legislativas por lo que difícilmente podría prosperar el pedido de juicio político.
En tanto, la controversia sigue su curso en el ámbito judicial, donde este martes el Gobierno capitalino presentó una denuncia penal contra los funcionarios del Ejecutivo nacional que incumplan la medida cautelar dictada el pasado miércoles por la Corte Suprema.
El máximo tribunal ha ordenado por unanimidad al Estado nacional a restituir al Gobierno porteño el 2,95 % de los fondos de la coparticipación federal -frente al 2,32 % actual-, por lo que la ciudad debe recibir 180.000 millones de pesos (997 millones de dólares) adicionales a los que ya percibe.
Tras un primer rechazo al fallo, Alberto Fernández, que cuenta con el apoyo de 14 gobernadores provinciales, anunció este lunes que finalmente acatará esa resolución judicial, poniendo a disposición de la ciudad de Buenos Aires una serie de bonos del Tesoro durante los próximos 90 días.
Pero para el alcalde capitalino, el intento del Gobierno de Fernández de pagar con bonos es «hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo», puesto que, en su opinión, los fondos deben restituirse mediante transferencias directas del estatal Banco Nación y no por medio de títulos públicos.
El conflicto entre el Gobierno y la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de los fondos federales ocurre a las puertas de un año marcado por los comicios presidenciales, en los que Rodríguez Larreta se perfila como uno de los candidatos dentro de Juntos por el Cambio.
