La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador informó hoy que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interponer sus buenos oficios para prevenir la contaminación que podría causar el proyecto minero Cerro Blanco de Guatemala.
La PDDH está «pidiendo una audiencia especial» en la CIDH para tratar el problema de la mina de oro Cerro Blanco en Jutiapa, cerca de la frontera de Guatemala con El Salvador, dijo el titular de la institución salvadoreña, Óscar Luna, durante la presentación de un informe de la posible afectación de dicho proyecto en el país.
«Para marzo esperaríamos que la Comisión atienda la petición nuestra, se cite a autoridades de Guatemala para que se discuta el tema y la Comisión pueda también recomendar medidas para la protección de los derechos humanos de las personas que se puedan ver afectadas con este proyecto», que está en fase de exploración, agregó.
El ombudsman salvadoreño enfatizó que «la voluntad de ambos países es importante» para evitar que se desate una grave contaminación, una vez que comience a funcionar la mina Cerro Blanco, propiedad de la canadiense Goldcorp Inc.
El proyecto se ubica a 153 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala y aproximadamente a 18 kilómetros de la ciudad de Metapán, en el departamento salvadoreño de Santa Ana, indica el informe de la PDDH.
También está dentro de la región del Trifinio, que es llamada así porque ahí convergen las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras, y abarca más de 7.500 kilómetros cuadrados, donde habitan unas 600.000 personas, precisa al informe de la PDDH.
Destaca que en ese lugar se originan «las principales cuencas hidrográficas de los tres países» y que el plan Trifinio, que llevan a cabo los tres países para desarrollar la zona, «está en peligro debido al desarrollo del proyecto minero Cerro Blanco».
Dicho proyecto se ha convertido en «una amenaza lenta y segura para la vida humana, la vegetación, la fauna y el recurso hídrico, no sólo en Guatemala, sino también en El Salvador», añade.
Advierte que si se llega a la explotación las «aguas residuales de la esa mina serán descargadas en el río Ostúa y llegarán hasta el lago Güija (compartido por Guatemala y El Salvador), que se encuentra unido al río Lempa», la cuenca hidrográfica más importante de El Salvador.
El 37% del agua potable de San Salvador proviene del río Lempa, según el informe.
Este es un proyecto que, «si no se atiende a tiempo, mañana va a tener graves repercusiones, por violaciones al medio ambiente, a la vida, la integridad y la salud de las personas», indicó Luna.
La bancada salvadoreña del Parlamento Centroamericano aseguró en octubre pasado que la explotación minera del Cerro Blanco sería «gravísima» para El Salvador, porque no sólo contaminaría el río Lempa, sino que «3 millones de salvadoreños estarían (…) con riesgo de convertirse en refugiados ambientales».
En septiembre de 2012 ambos países acordaron crear un grupo que vigile de manera conjunta la cuenca del lago Güija, en un sector fronterizo, con el objetivo de medir el impacto de proyectos y actividades que se desarrollan en la zona sobre los recursos hídricos e hidrogeológicos.
Sin embargo, Luna aseguró que ya es necesario tomar medidas más concretas.
San Salvador, 10 ene (EFE).-
