El Gobierno del presidente salvadoreño, Mauricio Funes, ha obtenido al menos 1.185,6 millones de dólares en cooperación internacional para el desarrollo desde que asumió el poder en 2009, una cifra «récord» para el país, informó hoy el canciller Hugo Martínez.
De ese monto, unos 692,26 millones de dólares son de cooperación bilateral y 493,37 millones de la multilateral, precisó Martínez al presentar un informe sobre la materia ante el cuerpo diplomático y funcionarios locales en la Cancillería.
La mayor parte de esos recursos, el 43,2%, ha sido para reducción de la pobreza, equidad e inclusión social, que constituye uno de los cinco pilares del plan de Gobierno de Funes, destacó el ministro salvadoreño de Relaciones Exteriores.
En cuanto a las otras cuatro áreas del plan oficial, el 18,7 % de la cooperación se ha destinado a reactivación económica; el 15 %, a «dimensiones especiales del desarrollo» (programas y proyectos diversos); el 13,8 %, a desarrollo sostenible, y el 9,3 %, a seguridad, añadió.
Los 1.185,64 millones de dólares se registran desde junio de 2009, cuando Funes asumió el poder, hasta enero de este año, e incluyen préstamos, donaciones, asistencia técnica y otro tipo de ayuda bilateral y multilateral.
El canciller destacó que este monto representa «un récord histórico» en relación a la cooperación internacional obtenida por Gobiernos anteriores.
Apuntó que el promedio anual de la ayuda para el Gobierno de Funes es de 371,25 millones de dólares, mientras que en el de Francisco Flores (1999-2004) fue de 206,42 millones y en el de Elías Antonio Saca (2004-2009) bajó a 157,46 millones de dólares.
Martínez, en declaraciones a los periodistas, indicó que «los principales donantes multilaterales» son las Naciones Unidas y la Unión Europea, y no quiso precisar los países que más ayuda bilateral le brindan a El Salvador porque «todos son importantes».
Explicó que actualmente se negocian nuevos acuerdos de cooperación internacional cuyos desembolsos serán recibidos por los próximos Gobiernos, pues se trata de una «política de Estado», que no debe ser afectada por los cambios en la Administración.(EFE).-
