La hija del exministro de Defensa venezolano Raúl Isaias Baduel, Andreina Baduel, acusó al Gobierno de Venezuela de asesinar a su padre mientras se encontraba en prisión, luego de que el martes el fiscal general, Tarek Saab, informara de la muerte del militar por un paro cardiorrespiratorio, como consecuencia de la covid-19.
«El régimen asesinó a mi amado y valiente papá Raúl Baduel. Recientemente tuvimos la fe de vida de él; es falso que tenía covid-19. Él nos reiteró, una y otra vez, que no se iba a prestar para bufonadas de la tiranía y que su único propósito era dejarnos un legado de dignidad y fe», escribió Andreina Baduel en Twitter.
Por su parte, el abogado de la familia Baduel, Omar Mora Tosta, declaró al canal en línea VPI que la causa de la muerte debe investigarse y que la familia está solicitando que les sea entregado el cuerpo.
«Que les entreguen (a la familia) el cuerpo del general y no ocurra, como en otros casos, que ellos (las autoridades) disponen o lo creman o disponen de las personas a su placer», indicó Mora Tosta.
Además, dijo que se encargará de solicitar una investigación con una «comisión internacional» para determinar la causa de la muerte del exministro, ya que no da credibilidad a la versión del fiscal.
A finales de septiembre, la hija de Baduel había pedido constatar las condiciones de salud del general tras denunciar el traslado de su padre de los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocidos como «La Tumba», a otra sede del mismo organismo.
Según el abogado de la familia, el exministro «venía quejándose» de «muchas consecuencias de ese encierro injusto, de ese aislamiento y tortura blanca dentro de ‘La Tumba’ durante tanto tiempo».
Baduel fue un fiel aliado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. También fue ministro de Defensa entre 2006 y 2007.
Posteriormente, se pronunció contra la supuesta deriva totalitaria y la propuesta de reforma constitucional de Chávez, así como de su delfín y sucesor, Nicolás Maduro.
En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena, que se prolongó hasta su muerte, pese a que en 2015 se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debió finalizar su pena.
Su caso está incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos.
