La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora al Gobierno, aprobó hoy la determinación de responsabilidad política del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, por su supuesta implicación en casos de corrupción.
La moción fue aprobada con el voto de la mayoría opositora, pese a la ausencia de la facción chavista, «en virtud de lo expuesto» y pidió al presidente del país, Nicolás Maduro, destituir a Ramírez que actualmente se desempeña como representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Cámara también aprobó la determinación de responsabilidad política del ciudadano Javier Alvarado Ochoa, «en función de las irregularidades cometidas en detrimento del patrimonio de la República durante el ejercicio de su cargo como presidente de Bariven (una filial de Pdvsa)».
Estas decisiones surgieron en el marco de una investigación, también aprobada por el Legislativo, que expone 10 casos de supuesta corrupción en Pdvsa que implica una cifra superior a los 11 mil millones de dólares.
El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, presentó el informe ante el pleno adonde acudió con 10 cajas que, según dijo, contienen diez casos «de los que hemos conseguido pruebas» sobre el «caso conclusivo más grande de toda la historia de Venezuela y buena parte del continente».
Este informe incluye casos de supuesto desfalco ocurridos entre 2004 y 2013, tiempo en el que Ramírez ejerció ininterrumpidamente como titular de Pdvsa y del Ministerio de Energía y Petróleo.
Guevara aseguró que en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), colgado en su página web, se evidencian «más de 1.500 millones de dólares que no se pueden justificar del manejo» de Ramírez en Pdvsa.
Entre los casos citados por el opositor está la compra de unos «taladros chinos» para la que el Gobierno -siempre según Guevara- usó intermediarios para justificar un sobreprecio de 43 millones de dólares, «y hoy día nadie sabe dónde están los taladros chinos».
También habló sobre la denuncia de blanqueo de dinero de Pdvsa en la Banca Privada de Andorra (BPA), un caso que involucraría a Diego Salazar, un primo de Ramírez que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue bloqueado y pocos días después liberado.
Guevara dijo además que Pdvsa alquiló en 2008 una gabarra -que se hundió por una falla en 2010- por un monto de 730 mil dólares diarios, o al menos así lo reseñó la estatal en uno de sus informes anuales.
Sin embargo, continuó el parlamentario, la empresa que dio en alquiler la gabarra informó en 2010 que el costo diario era de 286 mil dólares diarios, lo que arrojaría una diferencia de 444 mil dólares diarios, durante dos años.
Con todo, los parlamentarios opositores acordaron enviar una copia del expediente a la ONU, a la Contraloría, a la Fiscalía venezolana y demás órganos competentes para las actuaciones respectivas.
El Supremo venezolano ha declarado en desacato al Parlamento por incumplir una sentencia y por tanto, la nulidad de los actos de la Cámara.
Esta semana, como uno de los resultados del diálogo entablado entre el Gobierno venezolano y la oposición política, el Legislativo acató dicha decisión del Supremo por lo que resta ver el desenlace que tendrá las responsabilidades políticas determinadas hoy por el pleno.
Ramírez, por su parte, ha desestimado estas averiguaciones y en octubre, mediante un comunicado, aseguró que el informe de la Asamblea es «falso» y que se «fundamenta en mentiras y difamaciones».
Caracas, 16 nov (EFE).
