Los supervivientes de la masacre perpetrada en El Salvador en El Mozote (1981) por el Ejército conmemoran este sábado el 39 aniversario del crimen con la esperanza de que en 2021 el proceso penal pase a juicio y los vinculados sean condenados.
La causa penal contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, es la que más ha avanzado desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) anuló una ley de amnistía en 2016 y, de llegar a juicio, podría marcar historia en el país centroamericano.
A continuación se presentan algunas de claves del proceso penal:
1. A LAS PUERTAS DEL JUICIO
Aún no concluía la guerra civil salvadoreña (1980-1992), cuando el sobreviviente Pedro Chicas, quien falleció en 2013, denunció la masacre de El Mozote, lo que dio pie a las primeras exhumaciones de cientos de osamentas, la mayoría de niños.
Pero el caso se vio paralizado por una ley de amnistía de 1993, que también frenó todos los procesos por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el conflicto bélico.
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera inició el proceso, actualmente en etapa de instrucción, a finales de marzo de 2017 con la notificación de los cargos a los implicados, mientras que la presentación de testimonios comenzó en junio de ese año y han declarado más de 40 testigos.
Los abogados de las víctimas y sus representantes sostienen que la masacre y la autoría se encuentra suficientemente documentada para que avance a juicio.
«Tenemos la convicción que el caso tiene la suficiente evidencia para ser elevado a juicio e ir a la etapa de debates de pruebas en cualquier momento», dijo en septiembre pasado David Morales, miembro de la organización humanitaria Cristosal y abogado acusador en el proceso.
Este sería el primer caso de una masacre salvadoreña que llega a juicio desde que se anuló la ley de amnistía.
2. ALTOS MANDOS
Otro de los puntos claves de este proceso es que, de llegar a la instancia de sentencia, sería el primero en la historia reciente salvadoreña en el que altos mandos militares retirados sean juzgados.
Entre los procesados se encuentran el exministro de la Defensa Guillermo García (1979-1983), deportado en enero de 2016 por Estados Unidos, donde fue juzgado en 2012 por crímenes de guerra en la guerra salvadoreña en un juicio civil en el que se le condenó a indemnizar a las víctimas con 54 millones de dólares.
También está Juan Rafael Bustillo, quien comandó la Fuerza Aérea entre 1970 y 1989.
Este general retirado, condecorado por Estados Unidos, es uno de los primeros exjefes castrenses que reconoce abiertamente que el Ejército de este país centroamericano perpetró esta masacre, en la que la mayoría de las víctimas fueron niños.
3. SIN GARANTÍA DE SILENCIO
Desde que se reabrió el proceso en 2017, los militares mantuvieron un pacto de silencio en las diferentes audiencias.
Sin embargo, Bustillo, quien se sumó a los procesados en noviembre de 2017, rompió esa dinámica al declarar en enero pasado ante el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.
«Quiero que sepan que no he venido a decir que soy inocente, pero quiero decirles que no soy culpable de los hechos de El Mozote», sostuvo ante sobrevivientes y activistas de derechos humanos.
En su intervención atribuyó la matanza al exabrupto del oficial que dirigió el operativo en el terreno, el fallecido Domingo Monterrosa.
Este antecedente supondría que Bustillo podría declarar nuevamente en un eventual juicio.
4. CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Otra singularidad del proceso por esta masacre, una de las más grandes registradas en Latinoamérica en el siglo XX, es que es la primera vez que los delitos que se imputan a los militares fueron elevados a la categoría de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Fue el 18 de julio de 2019 cuando el juez Jorge Guzmán les dio esa categoría, basado principalmente en normativa internacional de derechos humanos.
«Estoy poniendo en conocimiento de los imputados que estos delitos comunes también tienen la connotación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra», dijo el juez en una audiencia.
Morales, también exprocurador de Derechos Humanos, explicó en su momento a Efe que es el primer caso del que tiene información en el que los delitos son elevados a la referida categoría, con lo que se vuelven imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
De avanzar a juicio, sería la primera vez que oficialmente se juzguen delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la historia reciente de El Salvador.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
