El juicio por fraude civil de Donald Trump continuará la próxima semana después de que el expresidente perdió el viernes un intento de detener el proceso mientras lucha contra un fallo previo al juicio que podría despojarlo de la Torre Trump y otras propiedades importantes.
Un juez de la corte de apelaciones rechazó la presión de Trump para suspender el juicio en Nueva York, pero acordó dejarle el control de sus propiedades por ahora. La decisión, después de una audiencia de emergencia el viernes por la tarde, se tomó cinco días después del juicio seguido de cerca.
Trump acudió al tribunal durante los primeros tres días del juicio de la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, observó testimonios y criticó ante las cámaras de televisión exteriores un caso que consideró una “caza de brujas y una vergüenza”.
Los abogados de Trump habían pedido al tribunal intermedio de apelaciones del estado que suspendiera el juicio e impidiera que el juez Arthur Engoron hiciera cumplir un fallo que tomó la semana pasada. La decisión de Engoron revocó las licencias comerciales del favorito republicano a la presidencia y puso a un síndico designado por el tribunal a cargo de sus empresas.
“Este es un error enorme. Es irreparable”, señaló el abogado de Trump, Christopher Kise, al juez de apelación, el juez asociado Peter H. Moulton. Kise argumentó que el fallo hará que los acusados en otros casos teman que sus empresas y propiedades sean embargadas sin recurso.
Los abogados de Trump dijeron que el fallo de Engoron podría perjudicar no sólo al expresidente y a otros acusados, sino también a hasta 1.000 empleados.
La procuradora general adjunta del estado, Judy Vale, dijo al juez de apelaciones que la oficina de James ya había ofrecido mantener las licencias comerciales tal como están hasta después del juicio. Kise reconoció la oferta, pero dijo que le preocupaba que Engoron no la permitiera.
En una declaración, Kise indicó que estaba complacido de que el tribunal de apelaciones “confirmara la ley de Nueva York y detuviera cualquier cancelación de certificados comerciales, administradores judiciales o disolución”.
James respondió que el lado de Trump estaba “clamando falsamente victoria” por una resolución que su oficina había propuesto y que la gran conclusión fue que el juicio continúa según lo programado.
La semana pasada, el tribunal de apelaciones rechazó el intento de última hora de la defensa de retrasar el juicio apenas unos días antes de que comenzara. El jueves, los abogados de Trump retiraron una demanda que presentaron contra Engoron como parte de esa impugnación.
Engoron dictaminó la semana pasada que Trump cometió años de fraude mientras construía el imperio inmobiliario que lo llevó a la fama y a la Casa Blanca.
El juez, que se pronunció sobre el reclamo principal de la demanda de James, encontró que Trump engañaba habitualmente a bancos, aseguradoras y otros al exagerar el valor de los activos en sus estados financieros anuales, que se utilizaban para cerrar acuerdos y obtener préstamos.
Trump ha negado haber actuado mal, argumentando que algunos de sus activos valen mucho más de lo que figura en las declaraciones.
El juicio se reanudará el martes con el antiguo jefe de finanzas de Trump, Allen Weisselberg, en el estrado. Weisselberg, un acusado, supervisó los acuerdos de Trump, participó en la obtención de préstamos y supervisó el trabajo de McConney en los estados financieros. Salió de la cárcel en abril después de cumplir unos 100 días de prisión por evadir impuestos sobre 1,7 millones de dólares en beneficios laborales.
Mientras se desarrollaba el juicio esta semana, Engoron emitió una orden el jueves estableciendo procedimientos para hacer cumplir su fallo. Dio a ambas partes hasta el 26 de octubre para presentar los nombres de los posibles receptores y dio a Trump y a otros acusados siete días para proporcionar a un supervisor designado por el tribunal, la jueza federal retirada Barbara Jones, una lista de todas las entidades cubiertas por el fallo.
También ordenó a los demandados que avisaran a Jones con antelación sobre cualquier solicitud de nuevas licencias comerciales en cualquier jurisdicción y cualquier intento de crear nuevas entidades para «mantener o adquirir los activos» de una empresa que se disuelve según el fallo.
