El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) llamó al Gobierno de El Salvador a revisar el proyecto del presupuesto general de la nación para el 2021 y le instó a abrir espacios para que la ciudadanía y los distintos sectores puedan dar sus aportes.
El Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, propuso recientemente al parlamento un presupuesto estatal por 7.453,5 millones de dólares, un 16 % más que el aprobado para 2020, el cual ascendió a 6.426,1 millones.
En un primer análisis al presupuesto, el Icefi señala que los ingresos contemplados en el proyecto «están sobrestimados y los gastos están subestimados».
De acuerdo con el Gobierno, en el presupuesto se le ha dado prioridad a las áreas de salud, educación y seguridad con 3.009,6 millones dólares, equivalente al 40,4 % del total del proyecto presentado.
Icefi ve positivo aumento a salud y educación
El coordinador para El Salvador del Icefi, Ricardo Castaneda, dijo a Efe que el organismo «destaca como algo muy positivo el incremento en las áreas sociales, particularmente en educación y salud», pero señaló que existe la posibilidad de que el gasto social «no se podría cumplir».
«Advertimos que como hay una sobreestimación de ingresos, se corre el riesgo de que el gasto social que se está anunciando no se podría cumplir o en su defecto para poderlo cumplir se requería aún más endeudamiento de lo que el presupuesto plantea, lo cual es bastante complejo porque la deuda en particular es insostenible», explicó el economista.
Castaneda indicó que el proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo «se enmarca en una de las peores crisis, no solo por la caída de la actividad económica, sino por el incremento sustancial del desempleo, la pobreza, la desigualdad y también el hambre».
Apuntó que si el presupuesto se aprueba tal cual está y se comienza a ejecutar «varios programas, aunque aparezcan en el presupuesto, no van a tener recursos para financiarse y ahí habrá una disyuntiva o eliminas esos programas, es decir no los implementas, o se recurre a más deuda, lo cual es poco factible».
«Se estaría aprobando un presupuesto que en la practica sería muy poco útil para resolver los problemas de las personas y se van a generar muchas expectativas que no se podrán cumplir», subrayó.
El experto lamentó que el presupuesto contemple recortes a «aquella instituciones encargadas, tanto de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, como del acceso a la información pública, como del buen uso de los recursos».
Según Castaneda, el presupuesto para el 2021 presenta recortes a los ingresos de la Corte de Cuentas, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
«Pareciera que el mensaje que se está dando es que estos aspectos de la garantía de los derechos humanos, del acceso a la información y del buen uso de los recursos no es una de las prioridades, lo cual es un mal mensaje y creemos que este aspecto debe de revisarse», añadió.
Pago de deuda
El economista indicó que en el aspecto del pago de la deuda al hacer una comparación con el presupuesto del 2020 en el proyecto del 2021 «se está considerando menos pago de capital en el endeudamiento».
Por ejemplo, explicó que, en lo que va del año, El Salvador ha recurrido a Letras del Tesoro (LETES) y Certificados de la Tesorería (CETES) -que son instrumentos de deuda de corto plazo- por un monto que sobrepasa los 2.000 millones de dólares.
No obstante, apuntó que «en el proyecto del presupuesto se está considerando que se va a pagar nada más 85 millones de dólares en intereses y cero de capital» de estos dos instrumentos.
Señaló que, según estimaciones del Icefi, el próximo año la deuda total de El Salvador puede llegar al 95,6 % de su producto interno bruto (PIB), lo que quiere decir que por cada 100 dólares que se vayan a producir en toda la economía, 95,60 dólares ya se deberían.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), al 31 de agosto del 2020 el monto de la deuda pública alcanzaba los 21.070,5 millones de dólares.
Para el Icefi el proyecto de presupuesto para 2021 retrata los problemas que por décadas han acarreado las finanzas públicas de El Salvador y que se «han exacerbado» en el marco de la pandemia por la covid-19.
Llama a que, paralelo a la discusión del presupuesto, se debatan y aprueben medidas que permitan transformar a la política fiscal en un instrumento que reactive y transforme la economía, reduzca las desigualdades, garantice los derechos de toda la población y fortalezca la democracia.
