La Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay (SDH), el organismo encargado de la acogida de los asilados en el país, emitió un comunicado para desmentir informaciones de la prensa local que denunciaban que una familia de refugiados sirios se encuentra «sumergida en la pobreza» debido a la inacción estatal.
Este viernes, el diario El País de Montevideo denunció las presuntas penurias económicas que atraviesa la familia Alshebli, una de las cinco que Uruguay recibió procedentes del Líbano a fines de 2014 a iniciativa del Gobierno del entonces presidente José Mujica (2010-2015).
«Nos mostraron maravillas de Uruguay y nos dijeron que mis hermanos mayores iban a conseguir trabajo enseguida. Como queríamos mejorar, nuestros padres aceptaron el ofrecimiento pero estamos mucho peor que antes. Nunca nos dijeron que vivir aquí era tan caro», dijo uno de los integrantes de esta familia a El País.
Asimismo, los refugiados dijeron al matutino que «la comida escasea a fines del mes» y que las ayudas estatales no alcanzan para costear las herramientas para trabajar la tierra.
En respuesta a estas afirmaciones, el escrito de la SDH señala que las políticas de la entidad «buscan generar estrategias de autonomía» que permitan a las familias sirias «autosustentarse una vez que dejen de recibir apoyo del Estado».
En el caso de los Alshebli, la SDH intercedió ante el Instituto Nacional de Colonización de Uruguay para la cesión de una parcela de tierra de 35 hectáreas en el departamento de Salto (noroeste), una solución a medida del núcleo familiar, ya que «varios de sus integrantes contaban con conocimiento y experiencia en actividades agrícolas y ganaderas».
Del mismo modo, el documento constata que el matrimonio y sus 14 hijos cuentan con cobertura sanitaria, que se garantizó la «inclusión educativa» de los integrantes en edad escolar y que cuentan con el acompañamiento técnico de profesionales e intérpretes.
Constata además que se brindaron apoyos para la adquisición de la la lengua española, «idioma que al día de hoy los integrantes más jóvenes de la familia hablan sin grandes dificultades».
«Es, por tanto, completamente inexacto afirmar que la familia, que además cuenta con una vivienda perfectamente habitable y -como se vio- una chacra para producir, se encuentre ‘sumergida en la pobreza'», precisa el escrito.
La familia Alshebli fue relocalizada a Salto debido a la molestia expresada por el padre de la familia por no disponer de tierras suficientes para realizar tareas agrícolas en el pueblo del suroeste uruguayo en el que fueron acogidos inicialmente.
Esta familia es la misma a la cual se le retiró durante noviembre parte de la ayuda que otorga el Gobierno como sanción por una agresión que denunciaron haber sufrido representantes institucionales por parte del padre.
La sanción obedece a que Merhi Alshebli, el padre, agredió a parte del equipo del Programa de Reasentamiento de Familias Sirias que acudió junto a un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.
A las cinco familias sirias acogidas en Uruguay en 2014 se les entrega, en función del número de integrantes, dos tipos de ayuda: un fondo fijo que reciben mensualmente durante dos años y una segunda partida rotatoria por un año que cubre aspectos como el transporte, las comunicaciones, vestimenta o consumos del hogar.
Con la llegada de los sirios en 2014 se anunció que en 2015 llegarían otras 72 personas, pero hasta ahora esta medida se fue aplazando sin confirmarse una fecha definitiva, lo que apunta a que el Gobierno optará por la suspensión del nuevo arribo. Montevideo, 2 jul (EFE).-
