Panamá, 6 may (EFE).- El Gobierno panameño y el empresario Adbul Mohamed Waked, acusado en EE.UU. de liderar una red dedicada a lavar dinero del narcotráfico, echan balones fuera y se desvinculan de los actos ilícitos presuntamente cometidos por otro miembro del clan, Nidal Waked, detenido en Colombia el pasado miércoles.
«Nidal Waked es mi sobrino, es el hijo de mi hermano mayor. Nunca he sido socio suyo. La familia Waked en el año 80 se dividió y cada uno se fue por su lado. Desde los 80 no tengo ninguna transacción ni negocios con ellos. Son mi familia, yo no lo voy a negar», declaró el patriarca del clan en la emisora W Radio.
La familia Waked, una de las más poderosas de Panamá, está en el punto de mira desde ayer, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la acusó de gestionar una red mundial de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un conglomerado empresarial que implica a 68 compañías.
Varios miembros del clan fueron incluidos en la llamada Lista Clinton y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) informó que Nidal había sido detenido el miércoles en el aeropuerto internacional de Bogotá.
El único capturado hasta el momento será hoy trasladado a la cárcel La Picota, ubicada en el sur de la capital colombiana, hasta que sea extraditado a Estados Unidos, donde es reclamado por la Corte del Distrito Sur de Florida.
«Quiero defenderme, tengo los libros (de contabilidad) abiertos y voy a hacer todo lo que pueda para defender mi nombre», afirmó Adbul Waked en la misma emisora.
Según la prensa local, el conglomerado empresarial de los Waked tiene activos por más de 1.500 millones de dólares en una docena de países y emplea a cerca de 6.000 trabajadores.
Su ingente cartera de negocios abarca desde entidades financieras, centros comerciales e inmobiliarias, hasta medios de comunicación y empresas en la Zona Libre de Colón (ZLC), la zona franca más grande del continente americano.
Mientras tanto, el Gobierno de Panamá mantiene prudencia y trata de poner distancia con el clan Waked, consciente posiblemente de que este escándalo ha vuelto a poner en la picota al país centroamericano, muy cuestionado ya tras los denominados papeles de Panamá.
El único que hasta ahora se ha referido al asunto ha sido el presidente Juan Carlos Varela, que se encuentra de visita oficial en Estados Unidos y que en una escueta declaración aseguró que tratará de proteger los intereses del país.
«Mi prioridad como presidente es proteger nuestra población y nuestras instituciones. He encargado al Ministro de Economía y Finanzas trabajar con los funcionarios del Gobierno estadounidense para proteger los empleos de los panameños afectados por este asunto», indicó Varela este viernes en un comunicado.
Según el mandatario, la Justicia y los entes reguladores de Panamá «están haciendo su trabajo» y son «independientes».
Pocos minutos después de que estallara el escándalo y de manera simultánea, el Ministerio Público de Panamá anunció el inicio de una investigación contra todas las empresas del grupo empresarial y la Superintendencia de Bancos de Panamá intervino el Balboa Bank & Trust, una entidad ligada a la familia Waked con unos activos netos a diciembre de 2015 de 567 millones de dólares.
Los miles de trabajadores del grupo amanecían sumidos en la incertidumbre ante las posibles consecuencias económicas que pueda acarrear el escándalo.
La inclusión de los Waked en la famosa lista negra (creada por Bill Clinton en 1995) implica, entre otras acciones, la congelación de todos sus activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones financieras a ciudadanos estadounidenses con las empresas implicadas en la trama, que apenas empieza.
Por María M.Mur
