El Gobierno de Nicaragua prometió hoy «restituir los derechos», pero no establecer una pensión reducida de 125 dólares mensuales, a los ancianos que mantenían una protesta en las cercanías del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El anuncio fue hecho por el presidente del INSS, Roberto López, al término de una movilización de empleados del Estado, sindicatos oficialistas y simpatizantes sandinistas contra lo que consideran «la manipulación de la derecha» en la protesta que mantienen cientos de jubilados que demandan una pensión reducida.
«Nos comprometemos a continuar avanzando en restituir los derechos de los adultos mayores de acuerdo a las posibilidades que nos va dando el país», señaló López, uno de los oradores principales del acto oficial, aunque no se refirió a la demanda de la pensión.
El alto cargo del INSS, quien tenía dos años de evitar reunirse con los ancianos, según estos últimos, hizo el anuncio en presencia del presidente de la Unidad Nacional de Adulto Mayor (UNAM), Porfirio García, quien subió a la tarima.
Entre otras cosas, las autoridades se comprometieron a otorgar a los ancianos implementos técnicos, como muletas, sillas de ruedas, bastones y lentes.
«Hoy se nos ha prometido que se reanudan las negociaciones para continuar buscando la forma de obtener aquellos implementos que últimamente no teníamos», explicó, por su lado, en su discurso el dirigente de los ancianos, Porfirio García, que dijo continuarán con sus protestas.
Los miembros de la UNAM cumplen hoy ocho días de protesta desde que ocuparon las sedes del INSS, incluyendo el edificio central, en Managua.
La marcha, que salió de la Avenida Universitaria y culminó en las cercanías del INSS, y convocada por el sandinista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), fue en apoyo a la Seguridad Social, al Gobierno de Daniel Ortega y «a la lucha por la restitución de derechos» de los ancianos, de acuerdo a los organizadores.
El diputado oficialista Gustavo Porras, principal dirigente del FNT, ha acusado a la oposición y a «la derecha» de «manipular» a los ancianos y de pretender hacer en Nicaragua «un ensayo» de la llamada primavera árabe, que depuso a varios gobiernos en esa región.
Los ancianos, aglutinados en la UNAM, permanecen desde el sábado a unos 150 metros del INSS después de haber sido sacados del edificio por la policía el jueves tras los incidentes violentos de un día antes.
En Nicaragua, desde el lunes pasado, cientos de ancianos retomaron unas protestas que vienen haciendo desde 2010 en demanda de una pensión básica, y ocuparon las instalaciones del INSS.
Durante esos días, la policía sitió el lugar e impidió que hicieran llegar alimentos, aguas y medicinas a los ancianos, lo que provocó indignación y una ola de solidaridad, principalmente de jóvenes que se organizaron a través de las redes sociales Facebook y Twitter y llevaron víveres, agua, frazadas, medicinas, entre otros.
Los jóvenes acompañaron con vigilias y conciertos a los ancianos en las cercanías del INSS, de donde fueron expulsados a golpes por simpatizantes sandinistas el sábado en horas de la madrugada, a vista y paciencia de la policía, según denunciaron.
Según la UNAM, en Nicaragua viven de 15.000 a 25.000 ancianos que no lograron alcanzar el número mínimo de 750 semanas de cotizaciones que establece la ley, pero son mayores de 60 años y tienen al menos 250 semanas cotizadas, por lo que reclaman una pensión reducida.
Nicaragua necesita 95,3 millones de dólares anuales para cumplir con esas demandas y las reservas del INSS están en 60,7 millones de dólares por año, de acuerdo a la información oficial.
Datos divulgados por el INSS, indican que actualmente hay 54.872 trabajadores retirados con más de 60 años y que cotizaron entre 250 y 750 semanas, y que 8.000 de ellos reciben un «bono solidario» de 48 dólares mensuales.
Managua, 24 jun (EFE).-
