El compromiso del Gobierno colombiano con los derechos humanos es «indeclinable», afirmó hoy el ministro de del Interior, Fernando Carrillo, en la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, días después de que la Comisión Interamericana sacara a este país de su «lista negra».
Al reconocer que en los últimos años ese compromiso «no era claro» y que los defensores de esos derechos eran «estigmatizados y satanizados», Carrillo remarcó que Colombia ya «ha pasado página».
El ministro hizo esta afirmación en la inauguración de la Conferencia Nacional de Política Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la que estuvo acompañado de representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
Asimismo, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) de sacar de su «lista negra» a Colombia de forma momentánea, mientras elabora un informe definitivo sobre este país que se conocerá en 2014.
Carrillo reconoció el liderazgo del vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, en el diseño de una nueva política pública de derechos humanos y resaltó especialmente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una iniciativa del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que entró en vigor en enero pasado.
Garzón, quien también participó en el acto, aseguró que esta ley es «el primer desafío» del Ejecutivo y animó a las víctimas, muchas presentes en el auditorio, a «exigirle» al propio Gobierno y a los «sectores económicamente poderosos» a que avancen «en el proceso de restitución de tierras».
«Hoy las víctimas tienen argumentos jurídicos para reclamar sus derechos», afirmó el vicepresidente, un exsindicalista y exembajador ante la ONU, que ha puesto una importante cuota de derechos humanos en el Gobierno de Santos.
Por su parte, el representante en Colombia del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, reconoció en su turno que la nueva política colombiana ha generado «un ambiente favorable».
Esta conferencia nacional, que se celebra en coincidencia con el Día Mundial de los Derechos Humanos, declarado el 10 de diciembre, se prolongará hasta el jueves en Bogotá.
El objetivo es propiciar el diálogo y establecer acuerdos básicos entre los diferentes actores de la política, economía y sociedad, según los organizadores, entre ellos el propio Gobierno, además de la ONU y otros organismos como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
