El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una declaración de censura este miércoles contra Venezuela por no proporcionar con puntualidad estadísticas sobre su economía. La junta directiva del organismo ha advertido que el país puede ser expulsado ante la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro de implementar medidas correctivas y el frecuente ocultamiento de indicadores macroeconómicos.
El país ahora tiene unos seis meses de plazo para acatar los requerimientos de la institución. No es la primera advertencia del FMI. Venezuela había faltado con las normativas de la institución en noviembre. La inminente censura puede suponer una prohibición para acceder a apoyo financiero, el derecho a voto y hasta su expulsión de la entidad.
El fondo ha indicado, en una nota oficial, que su Directorio Ejecutivo ha decidido esta censura después de evaluar un informe elaborado por su directora, Christine Lagarde, referente al aporte de datos económicos por parte de las autoridades venezolanas.
Pero el ultimátum parece no inquietar al Ejecutivo venezolano. Hace ya 14 años que el gobierno chavista había instaurado una estrategia de esconder cifras económicas para despistar sobre su mala administración. De ahí que el Banco Central de Venezuela (BCV) comenzó a publicar con retraso las estadísticas de inflación y de escasez de productos, convirtiendo a la economía de este país en un verdadero enigma. Fue una maniobra que ha alcanzado su punto álgido durante la gestión de Maduro.
Son conocidas la hiperinflación y la carestía que provocan un éxodo masivo del país, pero paradójicamente no se tiene exactitud de porcentajes debido a los obstáculos impuestos por el régimen para cuantificar la crisis. Muchos organismos se han atrevido a calcular el desastre económico, sin embargo. El FMI cree que este país cierre el 2018 con una inflación del 13.864%, mientras que la economía se puede contraer en un 15% este año y el costo de los productos puede aumentar en un 12.874% para el 2019.
Ninguna de las estimaciones de distintos organismos internacionales muestra un adecuado manejo de las finanzas venezolanas. De ahí que Maduro, en su afán de perpetuidad en el poder, vea como una amenaza a su imagen la proyección de datos macroeconómicos. El régimen ha optado, al contrario, por achacar culpas a enemigos foráneos, apoyándose en la tesis de la “guerra económica” contra el gobierno chavista.
Al descalabro financiero se suma el desplome de la industria petrolera. La joya del país caribeño, Petróleos de Venezuela (PDVSA), está incapacitada para exportar crudo que contribuya al mejoramiento de la economía. En febrero, la producción había caído a 1,54 millones de barriles diarios, una de las estadísticas más alarmantes en las últimas tres décadas en ese país.
Maduro ha acelerado el control de la industria y puesto en altos cargos a militares inexpertos. Al general Manuel Quevedo, el presidente de PDVSA, le ha encomendado sacar adelante la producción petrolera. Pero el mandatario no ha podido aumentar la producción nacional ni detener el quiebre de las empresas.
También se ha cerrado a la posibilidad de aceptar ayuda de organismos internacionales, así como ha ofrecido el FMI. En cambio, el gobierno de Venezuela ha arreciado en su propósito de manejar con exclusividad la economía.
