San Salvador, 3 feb (EFE).- El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) negó hoy que su gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados, a cambio de una disminución de los homicidios durante una tregua que estos grupos sostuvieron entre 2012 y 2014.
El exmandatario, quien se presentó a testificar ante la Fiscalía como testigo en una investigación sobre este proceso, aseguró a la prensa que su administración solo dio «seguimiento» a la iniciativa.
«No hubo una negociación entre el Gobierno y las pandillas, el pacto fue entre dos pandillas rivales (Barrio 18 y Mara Salvatrucha); el Gobierno lo único que le dio fue seguimiento a este acuerdo a través de los mediadores», aseguró.
Agregó que lo que despertó el interés del Ejecutivo fueron los resultados arrojados por la tregua, en la que intervinieron el exguerillero Raúl Mijango, el obispo castrense Fabio Colindres y el experiodista alemán Paolo Lüers.
«En la medida en que (la tregua) produjo resultados concretos, como la reducción de homicidios, el Gobierno le dio acompañamiento al proceso, junto con una misión de la OEA (Organización de Estados Americanos) encabezada por el secretario de entonces, José Miguel Insulza», sostuvo.
Funes aseguró que durante el armisticio de las pandillas, el promedio mensual de muertes violentas pasó de unas 340 a 160, y que el registro diario bajó de 15 a 5.
La comparecencia del ex jefe de Estado se dio en el marco de una reapertura de la investigación sobre la tregua iniciada por el nuevo fiscal general, Douglas Meléndez.
«Nosotros vamos a hacer una investigación seria sobre el tema y le vamos a dar una respuesta a la población», explicó el fiscal días atrás en rueda de prensa.
Otro evento que despertó el interés sobre el referido pacto fue que 4 testigos con criterio de oportunidad, quienes declararon en un juicio contra 79 pandilleros, revelaron que el Gobierno trasladó a 30 líderes pandilleros de la cárcel de máxima seguridad a una de menor régimen para impulsar la tregua como prebenda.
Los mismos señalaron, según trascendió en medios locales, que las autoridades les permitieron introducir teléfonos celulares, prostitutas y televisores a las cárceles.
También aseguraron que por cada dos armas que las pandillas entregaron a las autoridades, a través de la OEA, estas recibieron un fusil de asalto.
«Esas declaraciones no tienen ningún sentido», dijo Funes durante un receso en el interrogatorio en el que atendió a la prensa, a la vez que señaló que los testigos son «asesinos» que están condenados y que buscan disminuir sus penas.
Funes justificó que los traslados de reos no eran potestad del Ejecutivo sino de Consejo Criminológico, adscrito al Órgano Judicial.
No obstante, señaló que esta «fue una decisión que permitió que operaran las órdenes de ya no seguir asesinándose (los pandilleros) en el terreno».
«Mi gobierno y el ministro de entonces de Seguridad, el general David Munguía Payes, no ordenó los traslados, sólo coordinó los mismos por la logística que estos requerían, por lo tanto no hay ninguna responsabilidad de mi gobierno», sentenció.
