El despido del mexicano Luis Gabriel Flores, quien se encuentra oculto por temor a ser expulsado del país, tras denunciar las condiciones laborales y sanitarias en las que se encuentran los jornaleros latinoamericanos en Canadá, revela un sistema que favorece las represalias y la coacción.
Las negociaciones para concertar una entrevista con Luis Gabriel Flores son largas: las personas que le dan cobijo en el sur de Canadá temen que cualquier detalle revele el lugar en el que se encuentra y las autoridades migratorias canadienses procedan a la fulminante expulsión del jornalero mexicano.
Desde que fue despedido de la granja Scotlyn Group, en la localidad canadiense de Vittoria, Flores vive con la amenaza de que su cuarta temporada como jornalero en Canadá terminé con su expulsión del país y entre a engrosar la «lista negra» de trabajadores temporales a los que se les prohíbe el regreso.
Y todo porque Luis Gabriel, originario de la ciudad de México, se quejó de las condiciones en las que él y otros muchos temporeros mexicanos y de otros países de Latinoamérica trabajan y viven en Scotlyn, una explotación agraria en la que decenas de trabajadores han contraído la COVID-19 y al menos uno a muerto por la enfermedad.
Jornaleros vulnerables a la pandemia
«Fui despedido por haber expresado mi disconformidad con la granja y por haber defendido mis derechos», declaró Flores durante una entrevista en el sur de la provincia canadiense de Ontario.
«Solo expresé que no estaba de acuerdo con la forma de trabajo de ellos y que pudieron haber hecho más por la muerte de mi compañero Juan. Por eso estoy en desacuerdo con ellos», añadió.
Flores se refiere a Juan López Chaparro, de 55 años, casado y con cuatro hijos, que murió el 20 de junio en el University Hospital, en la localidad de London, al suroeste de Toronto, a consecuencia de la pandemia.
Flores describe cómo todos los temporeros que trabajan en Scotlyn pasan una cuarentena que garantiza que cuando llegan a la granja no son portadores del coronavirus.
Pero como ha sucedido con cientos de jornaleros extranjeros en Ontario, tras llegar a Canadá contrajeron la enfermedad en explotaciones agrarias donde viven hacinados y trabajaban sin equipos de protección ni la adecuada distancia entre ellos.
«Nos infectamos dentro de la granja porque fuimos a la cuarentena y estuvimos perfectamente. Pasamos la cuarentena y estábamos bien», dijo.
Flores tuvo contacto con López Chaparro tras contraer la enfermedad.
«A mi él me contaba que tenía dolor de pecho, que le hacía falta la respiración y en algunas ocasiones tenía fiebre», dijo.
Pero como en los casos de los otros dos temporeros mexicanos fallecidos en Canadá a consecuencia de COVID-19, Bonifacio Eugenio Romero, de 32 años, y Rogelio Muñoz Santos, de 24, los empleadores hicieron poco para tratar a los enfermos.
«Él le dio el conocimiento a los encargados y nosotros como compañeros también le dimos conocimiento a los encargados de lo que estaba pasando», explicó Flores, quien añadió que fueron otros compañeros los que tuvieron que avisar a la ambulancia para que llevara al enfermo al hospital cuando su condición empeoró.
El riesgo de ser expulsado de Canadá
Tras la muerte de López Chaparro, Flores se quejó ante el encargado.
«Al otro día estaba recibiendo la visita del patrón para decirme que tenía que recoger mis maletas, que me iba inmediatamente para México. Yo no tenía muchas opciones, solo dos. Irme para México y dejar que esto siguiera pasando, que se siguieran ocultando muchas cosas. O quedarme y luchar contra todo esto», dijo.
Karen Cocq, coordinadora de Migrant Workers Alliance (MWA), una de las organizaciones que defienden los derechos de los temporeros extranjeros en Canadá, declaró a Efe que la situación de Flores es «muy común» porque el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que permite a decenas de miles de latinoamericanos acudir cada año a Canadá a trabajar en el campo, favorece las represalias y coacciones.
«Muchos trabajadores vienen con un permiso cerrado. Están limitados a trabajar únicamente con el empleador que aparece en su permiso de trabajo. Y su estatus temporal en el país depende de ese permiso de trabajo», explicó Cocq.
«Eso quiere decir que cuando los trabajadores se encuentran en situaciones como la de Luis Gabriel, de trabajo y vivienda abusivas, explotadoras, e incluso violencia, no pueden dejar ese trabajo sin después perder la posibilidad de poder seguir trabajando en Canadá», continuó.
«La situación de Luis Gabriel es muy común. Lo hemos visto muchísimas veces. Es lo que pasa cuando los trabajadores se quejan o denuncian. Se les amenaza con la deportación. Y también es bien común que estos trabajadores pierden su puesto en el programa para el próximo año», añadió Cocq.
«Las represalias son muchas y a muchos niveles», concluyó.
Flores interpuso una demanda ante las autoridades laborales de la provincia de Ontario para ser compensado por la pérdida de ingresos y los daños causados, y hasta que se resuelva, dice, permanecerá oculto.
Pero la denuncia laboral es solo un primer paso. Lo que Flores, como la mayoría de los temporeros y la MWA quieren es que Canadá cambie el programa y conceda la residencia permanente a los jornaleros extranjeros que acuden cada año, a veces para estar hasta ocho meses en el país.
