El conflicto armado que vive Colombia desde hace más de cinco décadas ha dejado hasta la fecha al menos 6.073.453 víctimas, informó hoy una entidad gubernamental que atiende a los afectados.
Según el registro de la estatal Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, elaborado por la Red Nacional de Información, cerca del 12 por ciento de la población colombiana ha sufrido de manera directa o indirecta el conflicto armado interno.
En ese registro están incluidas víctimas que han sufrido homicidio, abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, minas antipersonas, pérdida de muebles o inmuebles, secuestro, tortura o vinculación de niños y adolescentes a grupos armados al margen de la ley.
El Estado colombiano no solo reconoce su condición de víctimas, sino que está aplicando varias medidas para su reparación, según las cifras que se han recogido a partir de 1985.
Desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en 2011, se procedió a unificar los números de desplazados y se amplió el abanico de hechos victimizantes a tener en cuenta.
«Por ello, cada vez es mayor el número de personas que declara por violaciones a sus derechos ocurridas en el pasado. De hecho, el 78 % de los hechos declarados en los primeros seis meses de 2013 correspondían a años anteriores», señaló el documento.
El Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, compensó hasta finales del año pasado a 353.174 personas, incluidas 8.992 víctimas de desplazamiento forzado.
El documento agregó que respecto a la indemnización de niños, niñas y adolescentes, en el 2013 se superó la meta de 5.012 compensaciones al registrarse un total de 6.098 indemnizaciones.
«Adicionalmente, hogares víctimas de desplazamiento forzado recibieron atención humanitaria de emergencia, con lo que se ha cumplido con el 93% del total esperado al final del cuatrienio», añadió el informe.
Según la directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria, «el Gobierno se propone a atender y reparar a un porcentaje significativo de la población víctima, a través de un modelo que supera el asistencialismo para fomentar la superación de su condición de vulnerabilidad».
También se busca la reconstrucción de su proyecto de vida, propósitos que por el amplio universo de esta población «que se acerca a las 6 millones de personas, requiere la participación activa no solo del gobierno sino de la sociedad en su conjunto», señaló Gaviria.
Bogotá, 6 feb (EFE).-
