El gobierno de Estados Unidos respondió el jueves a las disputadas elecciones presidenciales de julio en Venezuela imponiendo sanciones contra 16 aliados del presidente Nicolás Maduro, acusándolos de obstruir la votación y de cometer abusos contra los derechos humanos.
Entre los que tiene en la mira el Departamento del Tesoro se encuentran el jefe del Tribunal Supremo del país, dirigentes de las fuerzas de seguridad del Estado y fiscales. La medida se produce días después de la salida al exilio de Edmundo González Urrutia , el ex diplomático que representó a los principales partidos de la oposición y afirmó haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio por un amplio margen.
Las autoridades electorales venezolanas declararon a Maduro vencedor horas después de que cerraran las urnas, pero a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, nunca publicaron recuentos detallados de votos para respaldar su afirmación, argumentando que el sitio web del Consejo Nacional Electoral había sido hackeado. Para sorpresa de partidarios y opositores, González y la líder opositora María Corina Machado anunciaron poco después no sólo que su campaña había obtenido recuentos de votos de más de dos tercios de las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones, sino también que los habían publicado en línea para mostrar al mundo que Maduro había perdido.
La condena mundial por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedirle al Tribunal Supremo de Venezuela, integrado por miembros leales al partido gobernante, que auditara los resultados. El tribunal reafirmó su victoria.
Expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter, que observó las elecciones por invitación del gobierno de Maduro, determinaron que los resultados anunciados por las autoridades electorales carecían de credibilidad. Los expertos de la ONU no llegaron a validar la afirmación de la victoria de la oposición, pero dijeron que los registros de votación de la facción publicados en línea parecen exhibir todas las características de seguridad originales.
“En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken , en un comunicado.
El Departamento de Estado dijo que está imponiendo nuevas restricciones de visas a los aliados de Maduro acusados de obstaculizar la votación y reprimir a los venezolanos. El departamento no identificó a esas personas.
No está claro el posible efecto de las sanciones individuales y las restricciones de visas anunciadas el jueves. Los partidarios de Maduro que fueron castigados anteriormente aún desempeñan papeles clave en el gobierno de Venezuela, como vicepresidente, fiscal general y ministro de Defensa.
Un alto funcionario de la administración Biden dijo a los periodistas que Estados Unidos espera que el último anuncio “provoque una reflexión más profunda” entre los aliados de Maduro sobre hasta dónde llegarán para ayudarlo en su esfuerzo por mantenerse en el poder. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las reglas básicas establecidas por la administración.
El Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o anteriores. El Departamento de Estado ha identificado a casi 2.000 personas que podrían enfrentar restricciones de visa por acusaciones de corrupción, socavamiento de la democracia o violación de los derechos humanos de los venezolanos.
