Un nuevo funcionario del régimen chavista está en la mira de la justicia norteamericana. Este jueves, el Departamento del Tesoro aplicó sanciones contra Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía Eléctrica de Nicolás Maduro, luego de que la Corte Federal del Distrito Sur de Florida presentara cargos en su contra por lavado de dinero y conspiración de lavado.
La medida también incluye al ex viceministro de Finanzas e Inversiones de ese ministerio, Eustiquio José Lugo Gómez, según informa el diario El Nuevo Herald.
«Motta y Lugo otorgaron a tres compañías con sede en Florida más de USD 60 millones en contratos de adquisición con (la estatal eléctrica) Corpoelec a cambio de sobornos que les fueron pagados para su propio beneficio», señala la acusación.
«En lugar de utilizar sus cargos oficiales para servir al pueblo venezolano, se enriquecieron ilegalmente y contribuyeron a la crisis eléctrica», dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, en un comunicado divulgado por el Tesoro norteamericano.
La Corte de Miami llegó a esta resolución luego de que dos empresario se declararan culpables esta semana de conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), en el marco del esquema de pagos con Corpoelec.
Los empresarios en cuestión son Jesús Ramón Veroes, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de Miami, quienes se declararon culpables el 24 de junio ante la juez de distrito Cecilia Altonaga. Ambos admitieron haber acordado con otros co-conspiradores sobornar a funcionarios de Corpoelec a cambio de obtener órdenes de compra para compañías con sede en Florida.
Como parte del acuerdo que alcanzaron con la Fiscalía, se comprometieron a pagar a las autoridades al menos 5 millones y medio de dólares, y entregar propiedades ubicadas en la Florida.
De acuerdo a El Nuevo Herald, se prevé que los empresarios sean sentenciados el 4 de septiembre.
«Los altos funcionarios de CORPOELEC recibieron sobornos, por lo menos desde 2016, de dos empresarios venezolanos a cambio de adjudicar contratos para equipos costosos para mantener la infraestructura eléctrica venezolana. Algunos de los equipos recibidos como parte de estos contratos eran incompatibles con el sistema eléctrico venezolano, lo que los hacía inútiles y contribuían al deterioro continuo del sistema eléctrico», señaló el Departamento del Tesoro..
