GUATEMALA – El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que logró la liberación de 135 presos políticos nicaragüenses, que llegaron a Guatemala donde solicitarán ingreso a Estados Unidos u otros países.
El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo en un comunicado que fueron liberados por razones humanitarias.
“Nadie debería ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”, dijo Sullivan.
El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, hablando con los periodistas, dijo que el gobierno nicaragüense no recibió nada a cambio de la liberación de los prisioneros y que la negociación no marcó ningún cambio en la política estadounidense hacia el gobierno del presidente Daniel Ortega .
“Aunque la presión en sí ha sido constante, la planificación y ejecución de esta liberación fue rápida, y hemos trabajado rápidamente para facilitar el viaje de estas personas y realmente garantizar su seguridad en cada paso del trayecto”, dijo Jacobstein, y agregó que Nicaragua continúa deteniendo a personas “injustamente”.
Cuando se le preguntó si había algunos prisioneros que Nicaragua estaba dispuesta a liberar, pero que se negaron a irse, declinó hacer comentarios.
Jacobstein, quien saludó a los nicaragüenses en Guatemala, dijo que “se trata de individuos, algunos de los cuales han sido víctimas de tortura… que han pasado por un momento extremadamente difícil, los encontramos en general con muy buena salud y ánimo”.
Una cosa que llamó la atención al diplomático estadounidense en algunas de sus conversaciones con los presos fue la “verdadera mezquindad y crueldad” del gobierno de Ortega al encarcelar personas sin ningún motivo justificable.
A Francisco Arteaga, un preso liberado que habló desde la ventana del autobús amarillo que lo transportaba junto a otros desde el aeropuerto, se le preguntó por qué lo habían arrestado. “Por difundir en las redes sociales las acciones del gobierno en contra de la Iglesia Católica”, dijo.
Entre los nicaragüenses liberados había 13 miembros de una organización benéfica religiosa con sede en Texas, laicos católicos, estudiantes y otros.
El presidente guatemalteco , Bernardo Arévalo, aceptó acoger a los nicaragüenses mientras solicitan su ingreso a Estados Unidos.
Los nicaragüenses salieron de una base aérea guatemalteca en la capital en autobuses el jueves por la mañana, y algunos saludaban desde las ventanas.
El gobierno de Nicaragua no confirmó inmediatamente el anuncio sobre la liberación de los prisioneros.
La defensora de derechos humanos nicaragüense Haydeé Castillo dijo que la liberación de los prisioneros era un “triunfo de la resistencia del pueblo nicaragüense”. Señaló que los prisioneros no fueron realmente liberados porque su liberación viene acompañada de un desplazamiento forzado de su país.
“Nadie debería ser prisionero por pensar diferente”, afirmó Castillo.
Dijo que los defensores estaban revisando las listas para ver cuántos prisioneros permanecen bajo custodia.
Ivannia Álvarez, exiliada nicaragüense y miembro del Mecanismo de Reconocimiento a Presos Políticos, dijo que su recuento más reciente había sido de 151 encarcelados, lo que sugiere que algunos de ellos aún están detenidos.
La organización religiosa Mountain Gateway, con sede en Texas, confirmó la liberación de 13 de sus miembros después de nueve meses en prisión.
“Este es el día por el que hemos orado”, dijo el pastor Jon Britton Hancock, fundador de Mountain Gateway, en un comunicado.
El ambientalista Amaru Ruiz informó en redes sociales que entre los liberados hay ocho guardabosques indígenas.
“Estados Unidos pide nuevamente al gobierno de Nicaragua que cese de inmediato el arresto y la detención arbitrarios de sus ciudadanos simplemente por ejercer sus libertades fundamentales”, dijo Sullivan.
El gobierno de Estados Unidos se refirió a ellos como presos políticos y presos de conciencia.
El anuncio se produjo apenas dos días después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara cambios al código penal que permiten al gobierno juzgar a nicaragüenses y extranjeros en ausencia.
Los opositores y las organizaciones que han huido o se han visto obligados a exiliarse en la campaña que lleva años llevando adelante el presidente Ortega para silenciar las voces críticas podrían ser multados, sentenciados a largas penas de prisión y ver sus propiedades confiscadas por el gobierno bajo los cambios aprobados.
El año pasado, el gobierno exilió a más de 300 figuras de la oposición, despojándolos de su nacionalidad. Muchos más nicaragüenses se han exiliado para escapar de la represión que siguió a las masivas protestas de 2018, que Ortega calificó de golpe de Estado fallido con respaldo internacional.
“Estas personas llegaron a Guatemala de manera segura y voluntaria”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado. “Agradecemos al presidente Bernardo Arévalo y a su administración por sus esfuerzos y apoyo para recibirlos”.
“Las autoridades nicaragüenses detuvieron injustamente a estas personas por ejercer sus libertades fundamentales de expresión, de asociación y reunión pacífica, y de religión o creencias”, dijo Blinken.
El gobierno ha cerrado más de 5.000 organizaciones desde 2018, muchas de ellas de naturaleza religiosa.
