Las tensiones políticas entre izquierda y derecha revivieron este martes en Colombia tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), diez años después de dejar el poder.
«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria», escribió Uribe al anunciar la decisión que tomó el tribunal en un caso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
La Corte ordenó la detención del exmandatario al considerar que hay riesgos de que Uribe, senador del partido de derecha Centro Democrático, obstruya la justicia y determinó que este «cumplirá la privación de la libertad en su residencia» desde donde «podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso».
Supuesta manipulación de testigos
La decisión de la Corte Suprema es un paso más en el caso por presunto fraude procesal y soborno de testigos en una demanda presentada por él mismo contra el senador de izquierdas Iván Cepeda, que sin embargo es uno de los menos graves entre decenas de procesos que tiene Uribe y que van desde injuria hasta supuestos vínculos con paramilitares.
El procesó comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, congresista del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
Cepeda, valoró hoy la decisión como una oportunidad «para consolidar la democracia», y pidió al país actuar con serenidad y respetar la independencia de las instituciones judiciales.
Un país polarizado
La detención domiciliaria del expresidente expuso nuevamente la fractura política colombiana donde la mitad del país lo venera como el «salvador de la patria» por su lucha frontal contra las FARC durante los ocho años de su Gobierno.
La otra mitad quiere verlo tras las rejas por los crímenes a los que se le vincula, desde matanzas de campesinos a manos de paramilitares hasta la ejecución de civiles por parte de militares, los llamados «falsos positivos», pasando por la corrupción y el espionaje de opositores.
Esa polarización se hizo evidente en las reacciones a la decisión judicial e involucró incluso al presidente colombiano, Iván Duque, que rompió una lanza por su mentor y jefe de su partido al lamentar que a Uribe «no se le permita defenderse en libertad».
«Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia», manifestó Duque.
Los defensores de Uribe se volcaron a las redes sociales y al menos un centenar salió a las calles para criticar la decisión de la Corte Suprema, comparándola con la que tomó ese mismo tribunal el año pasado cuando ordenó la libertad del jefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», que después de fugarse volvió a tomar las armas en una disidencia de las FARC.
Asamblea constituyente
El Centro Democrático, creado por Uribe en 2014, propuso «plantear a los colombianos una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones».
El partido aseguró que recibió «con indignación» la decisión de la Corte Suprema porque Uribe «ha demostrado a lo largo de su trayectoria ser un hombre íntegro y trasparente», y manifestó que ninguna de las actuaciones del expresidente «justifica la limitación de la libertad».
En un comunicado los integrantes del partido reiteraron que el senador «debe defenderse en libertad» y argumentaron que Uribe le sirvió a Colombia como presidente ocho años, tiempo en el que «recuperó la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado».
Confianza en la justicia
La decisión de la Corte se convirtió en una «luz de esperanza» para las Madres de Soacha, que hace más de una década esperan que el expresidente responda por las ejecuciones extrajudiciales conocidas en el país como «falsos positivos».
Las mujeres, familiares de civiles ejecutados por militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate durante el Gobierno de Uribe, dijeron que la orden de detención en su contra es una «gran avance de la justicia».
Las madres de Soacha responsabilizan a Uribe de continuar con una política que en el país costó la vida a cerca de 5.000 personas a lo largo de dos décadas y con la que los militares implicados buscaban mejorar sus resultados ante sus superiores y obtener beneficios como permisos o premios.
Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo a Efe este martes en Washington que la orden judicial «habla bien de la democracia colombiana» y muestra que «todos son iguales ante la ley».
Vivanco aseguró que con esa decisión Colombia está dando una lección «de plena independencia judicial, algo que es impensable en otros países de la región».
