El Socorro Jurídico Humanitario, una entidad no gubernamental, señaló que las autoridades de seguridad de El Salvador han detenido a unos 20 colombianos bajo el régimen de excepción, que suspende el derecho a la defensa en El Salvador.
«Tenemos alrededor de 20 denuncias de colombianos capturados», dijo Ingrid Escobar, representantes del Socorro Jurídico Humanitario, en una conferencia de prensa y añadió que «todos (fueron) detenidos como si fueran miembros de asociaciones ilícitas», como las pandillas.
Indicó que entre ellos se encuentra Andrés Castañeda, un joven de 31 años detenido desde diciembre de 2022 «sin ninguna causa calificada» y que llegó al país tras escuchar que supuestamente había «generación de empleo con el bitcóin».
«Se vino a probar suerte a El Salvador y lo único que ha encontrado es cárcel, tortura y violación a derechos fundamentales», indicó.
Su esposa, Alejandra Muñoz, señaló a través de una videollamada que «son muchas familias las que están en la misma situación» y relató que la detención se dio el 7 de diciembre pasado.
«Nunca pensamos que esto nos podría pasar a nosotros, porque mi esposo buscando mejores oportunidades llegó a El Salvador y solamente pasaron unos días y no volvimos a saber nada de él», señaló.
Agregó que «ha sido muy duro» para ella y sus dos hijos menores de edad, además sostuvo que en Colombia su esposo trabajaba en un servicio de mensajería.
«Él nunca ha tenido problemas con la Justicia, con la Policía. Nosotros hemos sido siempre como muy respetuosos con la Ley» y «es muy injusto todo esto que está pasando», acotó.
Llamó a las autoridades a revisar el caso de su esposo y de otras personas «en la misma situación», porque «quisiera que lo liberaran», dado que han pasado más de 6 meses desde su detención
En esta misma conferencia se denunció la detención arbitraria de los salvadoreños Salvador Alfaro, Carlos Alfaro, Marvín Alfaro, Denis Valladares y Kevin Ramírez, cuyos familiares defienden su inocencia y piden conocer su estado de salud, dado que tienen varios meses de no saber de ellos.
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo pasado al menos 5.082 «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de dicho régimen, que suma más de 70.000 arrestos durante más de un año de vigencia.
El Gobierno asegura que todos los detenidos pertenecen a las pandillas
