Por Vilma Filici
filici@filici.com
TORONTO. Esta semana llegó a nuestra oficina una persona profundamente preocupada. Él ha sido residente permanente en Canadá durante aproximadamente 20 años. Sin embargo, hace un año y medio atravesó una situación personal difícil, lo que lo llevó a refugiarse en el alcohol.
Desafortunadamente, después de consumir bebidas alcohólicas, tuvo que realizar un viaje urgente en auto a una dirección cercana a su casa. Durante el trayecto, fue detenido por la policía y procesado por conducir bajo los efectos del alcohol. Arrepentido y avergonzado por su error, se declaró culpable, recibiendo una sanción moderada dentro de los límites establecidos por la ley.
Decidido a cumplir con su sanción y dejar atrás este episodio, hace aproximadamente una semana recibió una notificación de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA). En esta, se le informaba que, debido a razones de criminalidad, su estatus de residente permanente estaba en riesgo y podría perderlo.
Ante esta preocupación, viene a nuestra oficina por ayuda. Este es un caso sumamente complejo, pues los hechos que implican cargos criminales eventualmente tienen repercusiones en los procesos migratorios.
Más allá de este caso en específico, lo que quiero en esta columna es alertar a los miembros de la comunidad que viven de forma indocumentada en Canadá, e incluso a aquellos que ya son residentes permanentes, pero aún no han obtenido la ciudadanía canadiense, sobre la importancia de tener extremo cuidado con la participación en hechos criminales.
Si una persona que no es ciudadana canadiense comete un acto criminal y es encontrada culpable, si el juez le impone una condena de seis meses o más, esa persona pierde todos sus derechos a una apelación ante el Consejo de Apelaciones de Inmigración de Canadá. Este es un cuerpo de apelaciones que tiene el poder de decidir si, en el momento en que se emitió la orden de deportación, hubo un error de hechos, de interpretación de los hechos, un error legal, una falta a los derechos de la persona, o si existen razones humanitarias y de compasión para que esa persona permanezca en el país a pesar de tener un récord criminal.
Esta legislación, conocida como Ley C-46, supuestamente tiene como objetivo atacar a los criminales de alto riesgo que llegan al país, personas verdaderamente peligrosas como narcotraficantes. Casos en los que nadie querría tener a esas personas como vecinos. Sin embargo, no son solamente estas personas las que están siendo afectadas por esta legislación, ya que representan solo un grupo minoritario al que se le aplica.
Lamentablemente, en nuestra comunidad hay muchas personas que viven de forma indocumentada, e incluso personas que piensan que al tener la residencia permanente ya están libres de ser deportados, lo que los lleva a cometer muchos errores. Me refiero a personas que tienen problemas con las autoridades, ya sea por haber cometido hurto en un negocio, manejar en estado de ebriedad o haber agredido a un miembro de su familia.
Estos son realmente crímenes comunes que a veces se cometen por cuestiones culturales. Por ejemplo, personas que, para disciplinar a sus hijos, usan la violencia, sin darse cuenta de que en Canadá golpear a un hijo se considera asalto. Y si se usa un cinturón u otro objeto, esto se clasifica como asalto con un arma.
Es un grave error no estar al tanto de que lo que una persona podría considerar disciplina según su cultura, en Canadá se considera un crimen, específicamente asalto a una persona, ya sea la esposa, los hijos o cualquier otro miembro de la familia.
Otro error es que, una vez cometido el delito, la persona va a la corte y, estando allí, muchas veces se deja convencer por el fiscal o su abogado defensor y se declara culpable del hecho, pensando que, como ya es residente permanente o la condena no será severa, no tendrá ningún problema.
Lo que esta persona no entiende es que, al ser residente permanente, es decir, no tener aún la ciudadanía, ser encontrado culpable de un delito automáticamente la hace inadmisible a Canadá por razones criminales.
Lo que sucede es que, una vez finalizado el proceso penal en la corte, la persona es llamada por el Departamento de Inmigración. Muchas personas, al ser residentes permanentes, piensan que no tienen nada de qué preocuparse ante el Departamento de Inmigración, ya que tienen estatus legal.
Van confiados a la entrevista, sin darse cuenta de que esta está relacionada con el hecho de haber sido encontrado culpable de un acto criminal, lo que los hace automáticamente inadmisibles a Canadá. El oficial de inmigración los entrevista para determinar si existen suficientes razones humanitarias para simplemente advertirles que deben obedecer las leyes o, si concluye que podrían cometer delitos en el futuro, enviarlos a un juicio de inadmisibilidad para emitir una orden de deportación.
Esta es una entrevista muy seria. Por lo tanto, cuando se asiste a ella, es crucial ir bien preparado, con documentación que demuestre los motivos por los cuales a la persona se le debería permitir permanecer en el país, a pesar de haber tenido problemas con las autoridades.
En dicha entrevista también es necesario demostrar que, aunque la persona haya tenido problemas con las autoridades, ha tomado medidas para asegurarse de que no volverá a cometer ningún tipo de criminalidad. Es importante mostrarle al oficial de inmigración que la persona asume responsabilidad por sus acciones delictivas y que ha tomado medidas para evitar repetir los mismos errores en el futuro.
Por ejemplo, si la persona actuó bajo los efectos del alcohol, debe demostrar primero que está arrepentida y consciente del error que cometió, y luego, que ha asistido a sesiones de Alcohólicos Anónimos y continúa yendo para no volver a beber.
Una persona que haya agredido a su esposa o hijos, pero que ya sea residente permanente, debe demostrar al oficial de inmigración que ha asumido la responsabilidad por su error y que está tomando medidas para corregir su comportamiento, como asistir a cursos sobre manejo de la ira. Dependiendo del tipo de delito, se debe demostrar que se está enmendando el error y asegurándose de que no volverá a ocurrir.
El problema es que muchas personas asisten a estas entrevistas tratando de convencer al oficial de inmigración de que no son responsables del crimen, argumentando que solo estaban corrigiendo el comportamiento de un hijo, esposa, etc. Al hacer esto, le están diciendo al oficial que no aceptan responsabilidad por el error cometido. Como resultado, el oficial probablemente los enviará a un juicio de inadmisibilidad, donde se les quitará la residencia permanente.
He observado que muchas personas cometen estos errores debido a la falta de conocimiento sobre la seriedad de este tipo de entrevistas. La mayoría no comprende las profundas repercusiones que puede tener su comportamiento y su actitud ante las autoridades migratorias. En este tipo de procesos, no solo está en juego su estatus migratorio, sino también su vida entera en Canadá. Una orden de deportación no es simplemente el final de un proceso legal, es una ruptura con años de esfuerzo, sacrificios y sueños, que para muchos significan perder la posibilidad de continuar en el país que consideran su hogar.
