La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) destacó hoy el «enorme reto» que tienen los países americanos para afianzar el combate a la criminalidad dentro del Estado de Derecho y con respeto pleno a los principios democráticos.
«Yo creo que lo que hagamos bien o mal en los próximos años marcará en mucho el curso del futuro de nuestras democracias», dijo a la prensa el presidente de la CorteIDH, Diego García-Sayán.
Para el juez peruano «indudablemente el tema de la seguridad interna y la amenaza que para la gente y la estabilidad institucional significa el crimen organizado es uno de los grandes retos que tiene la democracia, no solo en México sino en la mayoría de países de América Latina».
Explicó que los países deben buscar «y encontrar el mecanismo de respuesta para atender la preocupación de la sociedad por la inseguridad», especialmente «hacerlo dentro del respeto de los derechos y de la institucionalidad democrática».
Recordó que mucha gente en los países americanos vive en vilo «por la falta de certeza sobre qué pasará al día siguiente, en la noche, con su propia vida, seguridad y patrimonio familiar», algo a lo que deben dar respuesta las instituciones de cada país.
«Naturalmente en situaciones de excepción está establecida en el Derecho Internacional la posibilidad de que se apliquen determinadas restricciones, inclusive que en determinadas condiciones y lugares se haga uso de las instituciones militares», reconoció García-Sayán.
Es el caso de México, donde desde que el expresidente Felipe Calderón lanzara una estrategia de combate frontal al crimen organizado en algunas regiones del país con alta presencia de la delincuencia organizada en diciembre de 2006, el Ejército realiza labores de seguridad pública.
Tal estrategia no ha sido variada sustancialmente hasta ahora por el sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, quien desde que asumió el poder el pasado 1 de diciembre mantiene a los militares y marinos en las calles de las zonas dominadas por la delincuencia en el país.
García Sayán dijo a título personal, pues la CorteIDH no ha dicho en su jurisprudencia nada al respecto, «los entes profesionalmente especializados para la prevención y el manejo de la seguridad interna son y deben ser los entes policiales».
No obstante aclaró que ello «no hace necesariamente ilegítimo que, en determinadas circunstancias, para restablecer el orden, se pueda hacer uso de otros aparatos del Estado», como las Fuerzas Armadas.
Para el jurista lo importante en estos momentos ante el avance de la crimen organizado es ver con «cómo se fortalecen las capacidades judiciales, de prevención y de investigación del crimen en manos de la policía».
Finalmente, sobre el supuesto aumento de casos en que militares mexicanos están involucrados en denuncias de abusos a los derechos humanos, García-Sayán dijo que la CorteIDH tenía «siete casos resueltos y uno más encaminado».
En relación con el modo en que México había encajado los fallos en su contra por casos de violaciones a derechos humanos, dijo que había «un proceso positivo de cumplimiento» de las sentencias.
Además destacó como algo positivo que casos de abusos a derechos humanos por parte de militares mexicanos hayan pasado del fuero militar al civil era importante.
«La CorteIDH no dará por cerrado el cumplimiento de un caso mientras no estén completados todos y cada uno de los extremos de la sentencia», añadió.
México, 7 oct (EFE).-
