La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha puesto un freno al presidente Nayib Bukele.
Tras un enfrentamiento entre el mandatario y el Congreso ocurrido el domingo, cuando Bukele pidió a policías y fuerzas armadas que entraran al Legislativo para presionar la aprobación de un préstamo para impulsar su estrategia de combate a las pandillas, la Sala de lo Constitucional de la Corte se pronunció el lunes.
En una resolución difundida en Twitter, el organismo ordena a Bukele que se abstenga de hacer uso de la fuerza armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y que ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo.
Asimismo, ordena al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados y exige al Consejo de Ministros –del cual forma parte Bukele–, el cese de los efectos de convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria para aprobar el préstamo.
El último punto alude al artículo 167 constitucional invocado por Bukele, que corresponde al Consejo de Ministros y permite “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”. Con éste, el presidente pidió a los legisladores presentarse el domingo en el Congreso para evaluar su propuesta.
Bukele tardó sólo unos minutos en responder a través de Twitter y, citando el documento de la Corte, escribió: “El sistema se auto protege. Y así, es como las cosas siguieron igual…”.
La tensión se disparó cuando Bukele llegó al Palacio Legislativo para encabezar la sesión extraordinaria que convocó, pero a ésta sólo asistieron 22 de los 84 diputados. Sin embargo, la presencia de uniformados dentro y en los alrededores del Congreso alertó a los salvadoreños, activistas, ONGs y prensa internacional.
“Este fin de semana el país ha vivido un episodio bastante peligroso. Se estuvo al borde de un quebrantamiento del orden constitucional propiciado por el mismo presidente de la República”, dijo a The Associated Press Jeannette Aguilar, una investigadora universitaria especializada en temas de seguridad y violencia.
Por su parte, Amnistía Internacional expresó en un comunicado que “las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos del país”.
Hasta el lunes no quedaba claro por qué Bukele había permitido la presencia militar en el Congreso, pero algunos lo interpretaron como un modo de presión.
“Es un polvorín en términos de fomentar un nivel de conflictividad que no se justifica a partir de la discusión de un préstamo, más bien esa fue la excusa para un forcejeo de poderes donde el presidente lideró este despliegue de abuso y fuerza”, agregó la académica Jeannette Aguilar a la AP.
La diputada Felissa Cristales, del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue una de las pocas parlamentarias que respondió a la cita del domingo, pero se marchó al ver la presencia militar y dijo haber lamentado lo que pasó. “Venimos con la mejor voluntad de conversar sobre un tema de importancia para El Salvador, pero veo que el Órgano Ejecutivo se está tomando la seguridad de la Asamblea Legislativa”.
“Solo falta que les pongan el fusil a los diputados para obligarlos a votar”, agregó el diputado no partidario Leonardo Bonilla, que también acudió a la cita.
Desde que inició su mandato en junio de 2019, Bukele se ha preciado de su estrategia de combate a las pandillas, que según cifras oficiales ha logrado reducir la violencia a costa de un importante despliegue de militares y policías en diversas partes del país.
Bukele, un político y empresario conservador de 38 años que logró apelar a las masas por su acercamiento a la gente a través de redes sociales, representaba para miles de votantes una esperanza de cambio porque no provenía de ninguno de los partidos que gobernaron durante las últimas tres décadas.
Si bien el lunes ya no había presencia militar en el recinto, los diputados suspendieron todas las comisiones de la Asamblea Legislativa, entre ellas la de Hacienda, que supuestamente discutiría la aprobación del préstamo de 109 millones de dólares para el Plan de Seguridad del Gobierno.
Por la tarde se informó que el presidente del Congreso convocó a una sesión a las 5pm.
Desde las calles, los salvadoreños realizaban sus actividades cotidianas sin que de momento se registraran protestas, pero había cierta angustia entre algunos.
“Estoy preocupada por todo lo que pasó. Creo que hay caprichos de todos, ojalá esto no pase a más”, dijo a la AP Teresa Escamilla desde el centro histórico de la capital salvadoreña.
“El pueblo le respondió al presidente, pero los diputados no quieren apoyarlo. Es triste esto porque la delincuencia no descansa”, agregó Jorge Escalante, un trabajador del comercio informal de la zona.
