La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio una semana de plazo al Estado peruano para que le informe sobre las medidas que ha tomado ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de restituir el indulto otorgado en 2017 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
La información fue difundida este viernes por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que aseguró en Twitter que la CorteIDH «le puso como plazo máximo al Estado peruano hasta el 25 de marzo, para que informe sobre las medidas provisionales presentadas ante la sentencia del TC que liberó a Fujimori».
La CNDDHH indicó en Twitter que el organismo internacional le pidió al Estado peruano que también «ponga de inmediato conocimiento al Tribunal Constitucional» sobre esas medidas provisionales.
Detalló que la orden se dio en el marco de los casos Barrios Altos y La Cantuta, dos matanzas cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, por las que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho).
Agregó que en esa instancia «familiares de las víctimas y sus representantes presentaron medidas provisionales por la posible liberación de Alberto Fujimori, condenado a prisión por varios casos de violaciones a los derechos humanos».
La decisión de la CorteIDH se conoció poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresara su «profunda preocupación» por la reactivación del indulto a Fujimori.
El organismo indicó en Twitter que esa medida «afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales» en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
También en referencia directa al caso Fujimori, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) recordó este viernes que «el derecho internacional de derechos humanos restringe amnistías o indultos en casos de graves violaciones de derechos humanos».
Este jueves, el TC declaró fundado un recurso interpuesto contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Ese indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.
Mientras en Perú aún se espera que se publique la resolución del TC para que Fujimori pueda salir de la cárcel en los próximos días, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, afirmó que las decisiones de los órganos judiciales y constitucionales se deben respetar, pero añadió que existe «la jurisdicción supranacional y será quien decidirá lo que corresponda» sobre este caso.
