Un tribunal de Ontario otorgó más de $107 millones a las familias de seis víctimas del derribo de un avión por parte del ejército iraní hace dos años.
La decisión se hizo pública el lunes tras un fallo de mayo de que los ataques con misiles equivalieron a un acto intencional de terrorismo, allanando el camino para que los familiares de los muertos busquen una compensación de Irán.
En la decisión de 2021, el juez de la Corte Superior de Ontario, Edward Belobaba, encontró en un balance de probabilidades que los misiles que derribaron el vuelo 752 de Ukraine International Airlines el 8 de enero de 2020 fueron disparados deliberadamente en un momento en que no había conflicto armado en el área.
Como resultado, descubrió que constituía un acto de terrorismo que invalidaría la inmunidad de Irán contra los litigios civiles.
Si bien la ley de inmunidad estatal protege a los estados extranjeros de reclamaciones legales, la ley de justicia para las víctimas del terrorismo proporciona una excepción en los casos en que las pérdidas son causadas por actividades terroristas.
Más de 100 de las 176 personas que murieron en el accidente aéreo tenían vínculos con Canadá, incluidos 55 ciudadanos canadienses y 30 residentes permanentes.
«Este tribunal entiende bien que las indemnizaciones por daños son un mal sustituto de las vidas que se perdieron», declaró Belobaba en el último fallo, fechado el 31 de diciembre. «Pero una indemnización monetaria es el único remedio que puede proporcionar un tribunal civil».
Belobaba otorgó $7 millones en daños compensatorios y $100 millones en daños punitivos, más intereses, a los familiares que acudieron a los tribunales.
No quedó claro de inmediato cómo se podría recaudar el dinero de Irán.
Los familiares y sus abogados, Mark Arnold y Jonah Arnold, planean discutir la decisión judicial en una conferencia de prensa el martes.
Un comunicado de los abogados el lunes calificó la decisión de daños como «sin precedentes en la ley canadiense».
En la decisión, Belobaba dijo que estaba satisfecho de que los premios sean «justos y apropiados y de acuerdo con la ley aplicable». Pero acogió con agrado la posibilidad de una revisión en apelación, aunque sólo sea para afirmar el marco apropiado para el análisis del caso.
