La muerte del fiscal Alberto Nisman pocas horas antes de revelar ante el Parlamento argentino detalles sobre la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas ha conmocionado al país y ha movilizado a la sociedad, que reclama la verdad sobre el caso.
Su muerte se ha convertido en uno de los sucesos más impactantes que ha sacudido a Argentina desde el retorno de la democracia y ha volcado las miradas en Cristina Fernández, que, según fuentes oficiales, reaccionó con una gran «sorpresa».
Nisman, fiscal especial a cargo de la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, fue hallado muerto hoy en el baño de su vivienda del exclusivo barrio de porteño de Puerto Madero con un tiro en la sien.
Aunque la mandataria argentina no ha hecho declaraciones, ordenó hoy desclasificar el material de inteligencia utilizado por Nisman para fundamentar sus acusaciones y revelar la identidad de los espías también denunciados por el fiscal.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó su «apoyo» para «garantizar el esclarecimiento» de este «hecho doloroso», mientras el canciller Héctor Timerman, también acusado por Nisman, lamentó la muerte y pidió pronta justicia.
«Espero que la Justicia prontamente pueda determinar la forma en que murió, que la Justicia pueda avanzar en este tema, y se esclarezca», sostuvo Timerman a los periodistas tras su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York.
Según el informe preliminar de la autopsia, el fiscal murió a consecuencia de un balazo que penetró dos centímetros por encima de la oreja por el parietal derecho de la cabeza.
La fiscal Viviana Fein confirmó que «no hubo intervención de terceras personas» y que el disparo procedía de una pistola de calibre 22 encontrada bajo su cuerpo.
Según la versión oficial, en el apartamento había documentos sobre la denuncia contra Fernández y sus colaboradores que presumiblemente el fiscal iba a presentar hoy en su comparecencia ante una comisión del Parlamento.
Mientras, la oposición coincidió en manifestar su estupor por la muerte del fiscal y en reclamar una investigación «hasta las últimas consecuencias», en palabras del alcalde de Buenos Aires y aspirante presidencial, Mauricio Macri.
«Estoy consternada. Me parece algo absolutamente grave, de una gravedad institucional muy fuerte», denunció la diputada Patricia Bullrich, quien había convocado a Nisman a exponer hoy ante una comisión de la Cámara de Diputados.
Para la diputada opositora Elisa Carrió, la muerte del fiscal es fruto de una «guerra de los sótanos del poder», «de una guerra judicial loca».
«Todos estamos esperando las palabras de la presidenta», subrayó por su parte el diputado de la Unión Cívica Radical y exvicepresidente argentino Julio Cobos en diálogo con la prensa.
En el mismo sentido se manifestó el aspirante a la Presidencia por el Frente Renovador, Sergio Massa, quien consideró que «es imprescindible que todos aquellos» que tienen «responsabilidad institucional» se pronuncien sobre el hecho.
Políticos, magistrados y periodistas utilizaron también las redes sociales para opinar sobre la muerte de este fiscal, que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos en 1994.
En medio de estos reclamos, el juez Ariel Lijo suspendió las vacaciones de su juzgado para tramitar la denuncia de Nisman contra la presidenta y pidió que sean resguardadas las pruebas que manejaba el fiscal.
Periodistas y colaboradores de Nisman se han apresurado a denunciar que se sentía amenazado -tenía una custodia de diez policías- y rescataron recientes declaraciones del propio fiscal en las que explicaba que le había advertido a una de sus hijas que se preparara para escuchar «cosas terribles» de su padre.
Tras ocho años de investigaciones, Nisman denunció el pasado miércoles a Fernández por considerar que el memorándum de entendimiento aprobado en enero de 2013 con Irán incluía un presunto encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la AMIA a cambio de las relaciones comerciales y el intercambio de petróleo por granos en un contexto de crisis energética en Argentina.
El Gobierno lo acusó de mentir y de dejarse llevar por una guerra interna en los Servicios de Inteligencia tras el relevo en la cúpula de la institución.
Nisman, de 51 años y que estaba al frente de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA desde 2004, había asegurado esta vez que tenía pruebas que demostraban que, tal como apuntaba la investigación y la comunidad judía, Irán y la organización Hizbulá estuvieron detrás de la planificación y ejecución de ese ataque.
Buenos Aires, 19 ene (EFE).-
