Al menos 29 personas murieron este viernes en un confuso motín carcelario en el estado venezolano de Portuguesa, que tiñó de rojo de nuevo las cárceles del país, pues en 2017 y 2018 se produjeron reyertas similares que se saldaron con 39 y 68 fallecidos, respectivamente.
Aunque las autoridades no se han pronunciado de forma oficial para informar los detalles del caso, una fuente del Ministerio Público confirmó que en el motín, que se produjo en los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, que forma parte del municipio Páez, murieron 29 personas y otras 19 resultaron heridas.
Según la misma fuente, la Fiscalía se encuentra investigando el caso, si bien no aclaró los avances de las pesquisas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental que defiende a los reos, ha responsabilizado de este hecho al Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado en 2011 por el Gobierno para atender los problemas del sector y encabezado por Iris Varela.
A través de la red social Twitter, el OVP ha denunciado una «masacre» en el lugar y asegura que los 23 fallecidos de los que ellos tienen noticia eran prisioneros.
Sin embargo, tampoco ha ofrecido mayores detalles de lo que sucedió en los calabozos de la comisaría en la que había presos armados, según algunos medios, que también señalan que tras la revuelta los cuerpos policiales en el sitio han desvestido a otros reos para revisar si poseen armamento.
La Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, expresó su rechazo a los hechos violentos reportados en los calabozos de la comisaría y advirtió que lo ocurrido «es consecuencia de las malas políticas carcelarias implementadas» por el Gobierno.
«Desde la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional hemos rechazado el uso de comandos de policiales (…) como cárceles paralelas. En todas se violan los derechos humanos, hay hacinamiento y no cuentan con funcionarios capacitados para atender privados de libertad», indicó el diputado Robert Alcalá en Twitter.
Hace poco más de un año, se registró uno de los motines más graves de Venezuela en el último cuarto de siglo. Se trató de un enfrentamiento en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo (norte), donde 68 personas murieron en el incendio desatado tras la reyerta.
Por ese caso, la Fiscalía anunció la detención de cinco policías «indiciados de ser responsables» de la muerte de las 68 personas, y la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, eludió la responsabilidad en el hecho al señalar no le competía por tratarse de una comisaría, un caso similar al de este viernes.
En esa oportunidad indicó que lo ocurrido era asunto policial.
Un año antes, en 2017, murieron 39 personas durante la toma de una prisión de Puerto Ayacucho denominada Centro de Detención Judicial de Amazonas (CDJA), en el estado de Amazonas de Venezuela.
La refriega entre oficiales y reos se produjo cuando una comisión mixta de policías y militares requisaba el centro penitenciario y se saldó con 39 presos fallecidos -equivalente al 39 % de la población penal del CDJA- y cinco funcionarios heridos.
Por estos hechos el OVP también responsabilizó al Estado, y a propósito de lo ocurrido este viernes se preguntó: «¿cuántas masacres más deben ocurrir para actuar ante la gravedad de la crisis en calabozos policiales?».
El OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.
Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738.
La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario que asegura que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.
