Un tribunal mexicano echó a andar hoy un proceso judicial que se vislumbra complejo contra el narcotraficante Joaquín «el Chapo» Guzmán, mientras el Gobierno evalúa sus opciones ante la previsible solicitud de extradición por parte de EE.UU.
El Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México dictó hoy el «auto de formal prisión», que implica el inicio de un juicio penal, en contra de Guzmán «como probable responsable en la comisión del delito delincuencia organizada», cargo incluido en una causa abierta en 2009.
Sin embargo, el tribunal descartó iniciarle un proceso al reo por la acusación de «delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína», incluida en la misma causa, «al no demostrarse su probable responsabilidad» en ese crimen.
Poco antes el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales en el Estado de México había ordenado procesar a Guzmán «por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada» con fines de narcotráfico, en una causa abierta en 2011.
Asimismo, Guzmán tiene pendientes otras acusaciones acumuladas desde que se fugó de un penal de alta seguridad en enero de 2001, que incluyen delitos contra las leyes sobre armas de fuego, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros.
En tanto, el Gobierno se ha mostrado cauto ante los interrogantes de los medios de comunicación sobre lo que hará ante una eventual solicitud de extradición por parte de EE.UU, cuyas autoridades ya han anunciado que desean someter al capo a juicio por diversas acusaciones que tiene vigentes en ese país.
Al respecto, el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, ha dicho que la petición sería estudiada, pero destacó que antes las autoridades mexicanas requieren «mucha información» del reo para «seguir adelante» en el proceso contra la inseguridad en México.
Posteriormente, «tendrá que reunirse el Gabinete de seguridad para tomar la determinación que mejor convenga».
Por su parte, el fiscal general, Jesús Murillo, dijo que este martes habló con su homólogo estadounidense, Eric Holder, sobre el tema.
«Me planteó la posibilidad (de que EE.UU. pida la extradición). Le dije que era un asunto que teníamos que revisar y actuar en función de lo que fuera más conveniente, no sólo para México sino incluso también para ellos», señaló en una entrevista radiofónica.
Explicó que se están analizando todas las posibilidades, «no sólo jurídicas, sino las de conveniencia», y sostuvo que la detención de Guzmán «es el principio de una actuación mucho más fuerte para evitar que se mantenga la organización (el cártel de Sinaloa)».
«En consecuencia, es muy anticipado dar una opinión ahorita, yo diría que, por lo menos pronto, no creo que se dé (la extradición)», acotó.
Por lo pronto, el capo ya obtuvo del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal una «suspensión» de cualquier orden de extradición.
Se trata de una protección provisional mientras se lleva a cabo el juicio de amparo promovido ayer por la defensa del reo para evitar ser extraditado.
El Chapo, líder del poderoso cártel de Sinaloa y el criminal más buscado por México y Estados Unidos durante más de un decenio, fue detenido el 22 de febrero pasado en una operación lanzada por un cuerpo de elite de la Marina mexicana en el puerto de Mazatlán, en el noroccidental estado de Sinaloa.
Ese mismo día fue presentado a los medios de comunicación en el hangar de la Marina en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, y trasladado a la cárcel del Altiplano, ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Hoy, miembros de los servicios periciales de la fiscalía federal indicaron que los análisis de ADN, la medición de los rasgos faciales y la comparación de las huellas dactilares fueron las pruebas que la institución empleó para identificar plenamente a Guzmán.
México, 25 feb (EFE).-
