En Colombia, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no cesa. El país superó el centenar de homicidios en lo que va corrido del 2022 y en su mayoría, la violencia llega contra los que alzan la voz y muy particularmente a los pueblos indígenas.
El pasado 7 de julio fue asesinado en un municipio de Arauca, Raúl Alonso García, quien se suma a una trágica lista a la que este martes también se añadió Jaime Losada en el Putumayo.
“Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019”, aseguró Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea los homicidios en su observatorio.
La cifra de Indepaz es superior a la de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que hasta el 31 de mayo había recibido 89 alegaciones o quejas de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales solo habían podido verificar 21.
Dicha cifra es superior a la que Indepaz había registrado el año pasado a la misma fecha, ya que entonces documentaba 89 asesinatos de líderes sociales. En total, en 2021, fueron asesinados 171 líderes, según este instituto, mientras que el Programa Somos Defensores documentó 139 y la Defensoría del Pueblo, 145.
Camilo González, presidente del Instituto para la Paz en Colombia explicó que “en el primer semestre del presente año se evidenció un aumento en las cifras de agresiones a líderes sociales y esa fecha ha coincidido en una coyuntura preelectoral en comparación con años anteriores”.
Además, explicó que evidentemente los grupos armados tienen intereses económicos y utilizan la violencia para aprovecharse de los territorios y las zonas alejadas, dejando en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes.
Ante estas cifras, González explicó que el Gobierno debe buscar una solución negociada que permita el desmantelamiento de los grupos ilegales y acuerdos humanitarios que protejan a los líderes.
Mencionó que dicha medida sería con el fin de obtener seguridad humana y una transición efectiva al posconflicto. “La mayor garantía es facilitarle el empoderamiento de las comunidades, desde su economía y sus mecanismos de autoprotección”, puntualizó.
Zonas afectadas
Este año ha sido especialmente preocupante la situación en los territorios indígenas donde, como subrayó el vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Óscar Montero, se está dando un “genocidio físico y cultural”.
El pasado 3 de julio, tres jóvenes indígenas awá fueron asesinados a tiros presuntamente por un grupo de disidencias de las FARC en el Resguardo indígena Inda Sabaleta, en el departamento de Nariño, cuando se encontraban en una reunión.
La Asociación Minga denunciaba una “total sinrazón” porque este pueblo indígena es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En lo que va de año, según la ONIC, han sido asesinados al menos 85 indígenas en el país, y más de 30 de ellos pertenecían al pueblo awá. En el ataque del 3 de julio fueron asesinados el gobernador encargado del resguardo, Juan Orlando Moreano, y dos guardias indígenas, Jhon Faver Nastacuas y Carlos José García, que tenían 26 y 28 años, respectivamente.
Otros casos con repercusión este año fueron los de José Albeiro Camayo, excoordinador de la guardia indígena que fue asesinado el 24 de enero por disidentes de la llamada columna «Jaime Martínez» de las disidencias de las FARC, y el de Breiner Cucuñame, un joven de 14 años asesinado solo unos días antes en el mismo resguardo, Las Delicias, en Cauca y que se formaba para ser guardia indígena.
«No se asesina a cualquier miembro de las comunidades», valoró Montero, quien señala que se mata «de manera selectiva a (…) las voces visibles de los pueblos indígenas en los territorios, es decir, autoridades indígenas, gobernadores, guardias…».
Es una forma de mandar un «mensaje» al resto de la comunidad para meter temor a los jóvenes para que no se meten en la guardia indígena, el cuerpo tradicional de protección de las comunidades, pero también para aquellos que quieran levantar la voz.
Así se está atacando a quienes «le están poniendo el pecho y la frente a todo el tema de violencia estructural que hay en los territorios, es decir al narcotráfico, al rearmamiento de las disidencias de las FARC y al paramilitarismo», resumió Montero, líder kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Desde la ONIC siguen denunciando que «la paz nunca llegó a sus territorios» y que incluso «el conflicto se disparó de una manera desproporcional», haciendo que también los indígenas sean los más afectados por el desplazamiento y los confinamientos forzados.
