La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, mostró su «preocupación» por el más reciente informe de la organización Global Witness, que analiza la situación de los defensores ambientales en el mundo y situó a Colombia en el segundo lugar más peligroso, con 33 defensores asesinados en 2021.
«Recibo con preocupación el informe de Global Witness que nos pone como el segundo país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con al menos 33 defensores asesinados en 2021, y 322 en la última década», lamentó la ministra en sus redes sociales.
Muhamad aseguró que «brindar garantías a su legítima labor (de los activistas ambientales) será prioridad del Gobierno del Cambio» con medidas como la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso o el plan de emergencia de protección en conjunto con el Ministerio del Interior y la Comisión de Paz.
Además, también indicó que se impulsará una «articulación con autoridades, plataformas de derechos humanos y la comunidad internacional» y se hará un acompañamiento al trabajo de los activistas ambientales en sus territorios.
El informe
«El 2021 fue otro año dramático en Colombia, que continúa registrando una de las cifras más altas de asesinatos en el mundo», arrancó a describir la situación sobre Colombia el documento, que reseñó que durante el periodo estudiado se celebró el quinto aniversario del Acuerdo de Paz, pero que su implementación sigue siendo insuficiente.
En el informe de este año Colombia pasó de ocupar el primer puesto a ser el segundo más peligroso gracias a una considerable reducción del número de asesinatos respecto a 2020: pasó de 65 a 33.
El informe, que recopila los datos de 2021, sitúa a México a la cabeza de países más peligrosos para defender el medioambiente, con 54 asesinatos de activistas el pasado año, seguido de Colombia con 33, Brasil con 26, Filipinas con 19 y Nicaragua con 15, apuntando una clara tendencia de peligrosidad en América Latina para ejercer esta labor.
De hecho, en el informe se señala que «más de tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en América Latina».
En cuánto a los sectores en los que los activistas asesinados hacían activismo, Global Witness señaló que 27 estuvieron relacionados con la minería y actividades extractivas, 13 con energía hidráulica, 5 con la agroindustria y 4 en carreteras e infraestructura y explotación forestal, respectivamente.
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