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Colombia devuelve a campesinos las tierras despojadas por los fundadores de las AUC

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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (i), entrega un título de propiedad durante un evento de restitución de tierras este miércoles 10 de abril de 2013, en la Vereda Leticia, de Montería (Colombia). EFE

En un acto con mucho simbolismo, el Estado colombiano devolvió hoy a 60 familias campesinas del departamento de Córdoba, cuna del paramilitarismo, las tierras que les fueron arrebatadas por los poderosos hermanos Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De esta manera Colombia escribió una nueva página en su historia y dio otro paso hacia la paz, más de una década después de que el llamado «clan Castaño» sembrara de terror este país a finales de los años noventa con masacres y desplazamientos forzosos.
«Me siento muy contento, muy feliz, esto es muy sabrosito», explicó a Efe Manuel, uno de los campesinos que recuperó sus tierras en la hacienda Santa Paula casi trece años después de tener que abandonarlas junto a toda su familia.
«Nos dijeron que necesitaban la tierra», agregó este campesino al explicar cómo los jefes paramilitares se la arrebataron.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se desplazó hoy hasta esa hacienda, en el norteño departamento de Córdoba, donde destacó durante la entrega de los títulos de propiedad que este acto «rompe en dos la historia de toda esta región».
«Ustedes que han sufrido la violencia como nadie, entienden el significado de quitarle estas tierras al clan Castaño», dijo Santos ante unos 400 campesinos de la zona rural de Montería, la capital departamental.
Bajo un calor sofocante, el presidente entregó a cinco representantes de la comunidad las actas de restitución de las 272 hectáreas con las que se benefician 60 familias, quienes también recibirán un subsidio de 30 millones de pesos (16.470 dólares) para desarrollar proyectos productivos y otros 15 millones (8.235 dólares) en concepto de ayuda para vivienda.
Además, el alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, anunció que eximirá de un impuesto a las tierras restituidas: «lo que deben y los dos próximos años a la entrega, para dar la oportunidad que comiencen de cero a reconstruir sus vidas».
Este final feliz no ha estado exento de problemas, ya que las amenazas obligaron a trasladar el proceso judicial de restitución desde Córdoba hasta la ciudad de Medellín, en el vecino departamento de Antioquia.
Por eso Santos puso énfasis durante su discurso en estas amenazas, que siguen vigentes, y se dirigió a los victimarios en estos términos: «si piensan que nos van a detener, ¡están muy equivocados!»
«Voy a decirle al señor ministro y a los señores comandantes que las personas que están amenazando a las víctimas, a los que están asesinando a los que están reclamando tierras, los vamos a considerar objetivos de alto valor», advirtió el presidente.
El último hecho violento ocurrió el martes, cuando fue asesinado en este departamento colombiano el líder de restitución de tierras Ever Antonio Cordero, el segundo caso que se presenta en la región en las últimas dos semanas.
En una entrevista con Efe, Levi Jaraba explicó que les «da mucho miedo todavía» regresar a sus tierras y le pidió al presidente «que haya seguridad para retornar, que no nos dejen solos».
Incluso le solicitaron que instale una estación de Policía o una base del Ejército dentro de la hacienda.
Esto también responde a la forma en la que las familias tuvieron que abandonar sus fincas. Jaraba lo tiene aún fresco en su memoria: «nosotros no les vendimos las tierras a ellos, nos las quitaron por las buenas o por las malas».
Según el organismo que ejecuta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras vigente desde 2012, los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño, máximos líderes de las AUC, compraron tierras en todo el departamento de Córdoba desde 1990 para iniciar una supuesta reforma agraria que terminó siendo una contrarreforma.
Tras acumular varios lotes hicieron una donación de 120 parcelas de la hacienda Santa Paula a campesinos, como una contribución social a través de su Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), que fue desarticulada años después por canalizar dinero para actividades delictivas.
Pero después de entregar las escrituras, los Castaño exigieron a los campesinos parte de sus ganancias y determinados usos del suelo, con presiones que acabaron en una expulsión de los terrenos que les habían cedido, a cambio de una cantidad de dinero.
«Donde mandaban los asesinos vuelven los campesinos», exclamó Santos a los asistentes al acto, que le ovacionaron exultantes.

Albert Traver/ EFE

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