El magistrado Rafael Ortega confirmo a los medios que él, su familia y sus colegas José Luis Rodríguez Piña, Rubén Carrillo, Gonzalo Oliveros, Gonzalo Álvarez y Evelyn D’Apollo también recibieron este beneficio.
Ortega explicó que Colombia cobijó además con esta medida a su esposa y sus dos hijos, así como a la esposa de otro magistrado.
Esta decisión se conoció después de la llegada a Bogotá de la exfiscal venezolana Luisa Ortega, de la que el presidente Juan Manuel Santos dijo que «se encuentra bajo protección del Gobierno colombiano» e indicó que «si pide asilo se lo otorgaremos».
El magistrado explicó que la condición de refugiados les permite moverse libremente por Bogotá y acceder a los beneficios de seguridad social, entre otros asuntos.
Al ser preguntado si esta decisión puede tener repercusiones en las ya tensas relaciones entre Colombia y Venezuela, señaló que Bogotá actúa siguiendo las directrices del derecho internacional. «No sé cómo lo tomará el Gobierno venezolano, lo cierto es que el Gobierno colombiano actúa según el Derecho Internacional cuando se trata de perseguidos políticos», añadió.
Ortega explicó que él, su esposa y sus hijos, llegaron el 1 de agosto a Cúcuta, capital del fronterizo departamento de Norte de Santander, y de allí viajaron a Bogotá donde comenzaron a tramitar su solicitud de refugio. «Hicimos la solicitud el martes y nos la otorgaron el viernes», detalló el jurista, quien afirmó que salieron de su país porque se sentían amenazados por los anuncios del presidente Maduro.
«No hemos cometido ningún delito», aclaró Ortega, y destacó la celeridad con que la Cancillería de Colombia gestionó la petición, al afirmar que «se hizo en un tiempo menor a lo esperado».
El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, juramentó a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para sustituir a los que considera «ilegítimos», después de que en diciembre de 2015 la mayoría chavista en el Legislativo designó a decenas de jueces.
La decisión de diciembre de 2015 se produjo justo después de la holgada victoria opositora en las legislativas, el día 6, y antes de que traspasara el poder del Parlamento a la nueva mayoría. El 22 de julio, un día después de jurar el cargo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al magistrado Ángel Zerpa.
Posteriormente, el presidente venezolano anunció que los 33 juristas irán presos «uno por uno» y se les congelarían sus bienes y sus cuentas bancarias.
