Por Vilma Filici
filici@filici.com
TORONTO – El gobierno canadiense anunció esta semana que va a reiniciar las deportaciones, luego de aproximadamente nueve meses en que éstas habían sido suspendidas a causa de la pandemia del Coronavirus. El mandato de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en inglés) es de ejecutar la ley y por tanto sus oficiales tienen la obligación de sacar cuanto antes del país a las personas que tienen una orden de salida.
Hay que recordar que la mayoría de las deportaciones fueron suspendidas en el mes de marzo de este año debido a la pandemia, y que únicamente se continuó con las deportaciones de aquellas personas que tenían algún tipo de criminalidad seria, la cual podía afectar la seguridad de la ciudadanía en Canadá.
Ahora, dado que ya se han abierto fronteras en el mundo, que las aerolíneas han tomado medidas de seguridad en relación con el contagio del COVID-19, y que ya hay vacunas aprobadas que vienen en camino para detener el contagio, el gobierno ha decidido que es el momento para reanudar las deportaciones.
Sin embargo, muchas personas y organizaciones a través del país están criticando el reinicio de estas medidas, argumentando que éste es un muy mal momento para recomenzar a ejecutarlas. Primero, porque estamos a escasas semana de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, en un año que ha sido sumamente traumático para todo mundo, y que, por tanto, desde el punto de vista humano no deberían reanudarse las deportaciones en este momento.
También, desde el punto de vista de la salud, estamos viendo que en diversas provincias de Canadá, como por ejemplo en Ontario, en Quebec y en Alberta, estamos en la segunda ola de infecciones y se están rompiendo récords en término del número de personas que se están contagiando.
Pero, además, este es un muy al momento ya que la mayoría de las personas que están con una orden de deportación son quienes están haciendo los trabajos que los ciudadanos canadienses, los residentes permanentes y las personas bien establecidas en el país no quieren hacer. Justo en el momento en que más necesitamos a las personas que hacen limpieza, que cuidan de enfermos, que cuidan ancianos, que están ayudando a cuidar niños para que los padres puedan ir a trabajar en servicios esenciales, justo en este momento cuando son más necesitados, es que el gobierno ha decidido deportarlos de Canadá.
La Asociación de Abogados de Quebec dice también que esta reanudación de las deportaciones puede perjudicar a los “Angeles de la Guarda”, es decir a las personas a quienes se les dio un programa especial para que solicitaran la residencia permanente dado que durante la pandemia estuvieron en la primera línea de trabajo en los centros de cuidado de las personas de la tercera edad. La gran mayoría de estas personas todavía no cumple con todos los requisitos para hacer la solicitud, y tienen hasta el mes de marzo del próximo año para completarlo y poder hacer la solicitud.
Pero dado que el mandato que tienen los agentes de la CBSA es de remover a las personas con orden de deportación cuanto antes posible, hay un temor de que no esperen a que estos “Angeles de la Guarda” cumplan con el tiempo requerido para poder iniciar el trámite para la residencia permanente.
A pesar de que una vocera de la CBSA dijo que eso no va a suceder, que van a tomar medidas para asegurarse de que estas personas que están esperando para poder hacer su solicitud de residencia permanente no sean deportadas, hay muchas dudas en la ciudadanía de que esto en realidad sea así.
Ahora bien, la parte positiva de que hayan parado las deportaciones y que las personas con orden de deportación hayan permanecido en Canadá durante nueve meses adicionales dado que no había deportaciones, es que le va a permitir a muchos solicitantes de refugio que obtuvieron una respuesta negativa poder aplicar al Pre-Removal Risk Assessment (PRRA), que es una solicitud que se hace cuando a la persona le están fijando la fecha de salida. El PRRA les da la oportunidad de tratar de demostrar que están en riesgo si son regresados a su país de origen.
Normalmente esta solicitud no se puede hacer sino hasta que han pasado doce meses desde el momento en que el solicitante de refugio perdió su caso, por lo que ahora es muy probable que una gran mayoría y estas personas que van a ser deportadas y que habían pedido refugio puedan hacer esta última evaluación de su caso para demostrar que corren riesgo en su país de origen si son deportados. Puede ser que después de nueve meses haya información adicional, que haya habido cambios para peor en su país de origen, puede que algún familiar haya tenido problemas, es decir que puede haber información nueva que le sirva para poder calificar bajo el PRRA como persona que necesita protección.
Pero, además, todas estas personas siempre tienen la opción de tratar de detener la deportación con una solicitud ante la Corte Federal. Supongamos que alguien va a ser deportado hacia un país donde el contagio es muy alto y tiene temor de ser contaminado, hay distintos argumentos que se pueden hacer para tratar de detener la deportación.
Una vez hecho el anuncio del reinicio de las deportaciones, imagino que van a empezar con las personas que ya tenían citas para fijar sus fechas de salida y que fueron canceladas, y que van a seguir en el mismo orden que ya existía antes de la pandemia. Pero también existe la posibilidad de que empiecen con las personas que han perdido sus casos de refugio recientemente, justamente para no darles la oportunidad de que puedan hacer otras solicitudes como el PRRA. Eso es algo que vamos a saber hasta el momento en que empiecen a llamar nuevamente a las personas para arreglar su salida del país, pero me parece lógico que empiecen por los últimos para no darles otras oportunidades.
Lamentablemente siempre sucede que los entes migratorios esperan los momentos donde la gente está ocupada con otras situaciones, como la venida de las fiestas o el tener que reestructurar las oficinas de los abogados y consultores, para tomar medidas como las anunciadas esta semana. El objetivo obviamente es quitarles posibilidades de ayuda a las personas afectadas. Pero no creo que haya redadas masivas dada la situación de la pandemia, ya que sería arriesgar a los oficiales de la CBSA y de la policía que van a estar involucrados en estos procesos.
Las personas que se encuentran en riesgo de deportación, lo que deben hacer en estos momentos es hablar con sus asesores migratorios para evaluar qué opciones tienen luego que han pasados estos nueve meses de pandemia, porque si pueden hacer una solicitud de PRRA deben comenzar a preparase de inmediato, al igual que si pueden hacer una solicitud por Razones Humanitarias y de Compasión o presentar un caso ante la Corte Federal. Precisamente porque han pasado ya nueve meses, y porque con el paso de este tiempo eventualmente se les puede haber abierto otras posibilidades para buscar la residencia en Canadá.
