Casi 1.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados luego del acuerdo de paz firmado en 2016 entre la antigua guerrilla FARC y el Gobierno colombiano, según un informe divulgado este lunes por tres organizaciones civiles del país.
«Desde que se suscribió el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC–EP hasta el 15 de julio de 2020, 971 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia», detalla el documento.
La Cumbre Agraria, Étnica y Popular; la fundación Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); y el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica explicaron esta cifra y exigieron ese lunes al Gobierno nacional fortalecer las medidas para proteger a los líderes, así como no minimizar la situación de los mismos.
«Hay que ir hasta el fondo del problema para no solamente tener una ruta de investigación, sino una prevención, una garantía de derechos y entender que los homicidios de los líderes y defensores son la punta más atroz de un fenómeno agresivo», dijo durante la presentación del informe el director de Indepaz, Camilo Gonzalez.
Tierras sin treguas
Los crímenes cometidos en este periodo se concentraron año tras año principalmente en los departamentos del Cauca, Antioquia, Córdoba, Nariño, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Caquetá y Caquetá.
En estos territorios confluyen varios factores que agravan las condiciones de las organizaciones sociales como las disputas estructurales por tierra, recursos naturales, cultivos ilícitos, narcotráfico y actividades minero-energéticas.
Además, estas son zonas en las que las FARC tenían gran presencia por lo que tras su desmovilización se han agudizado los conflictos entre narcoparamilitares y paramilitares que se disputan el control territorial.
El informe también resalta que en estas regiones, muchas de ellas zonas de frontera y con visibles ejercicios de resistencia, «ha habido una presencia prolongada del Estado en acciones de guerra y lucha contra las drogas con una débil institucionalidad civil».
Otra situación que convierte a estos lugares en blancos de los grupos armados ilegales es que gran parte de ellos son territorios étnicos históricamente abandonados por el Estado en los que hay zonas de Reserva Forestal y baldíos en disputa para megaproyectos minero-energéticos y agroindustriales.
«Se ataca a las comunidades por la defensa que ellas hacen del territorio. El empoderamiento social es lo que choca con los intereses de apropiación tradicional y violenta», explicó Gonzalez al referirse al hostigamiento del que son víctimas los líderes.
Conflictos agrarios
Más del 60 % de estos crímenes fueron atribuidos a actores no identificados y el resto a grupos narcoparamilitares, disidencias de las FARC, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la fuerza pública.
Los liderazgos más amenazados, subraya el documento, son los de las organizaciones campesinas, indígenas, negros, ambientalistas y lideres comunales, que registraron en el periodo evaluado 681 del total de los asesinatos.
Los «conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 70.13 % de los homicidios», mientras que del liderazgo relacionado con la erradicación o sustitución de cultivos de coca se registraron 97 casos, el 10 %.
Según la investigación, a pesar de las denuncias de las comunidades y las alertas emitidas por organismos internacionales y nacionales como la Defensoría del Pueblo el riesgo y la amenaza para los líderes colombianos no se detiene.
Desde el primero de enero de este año hasta la fecha, las organizaciones han contabilizado 171 asesinatos, cifra que contrasta con el informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos que informó el 9 de julio que en 2020 el Gobierno solo ha registrado 37 homicidios contra líderes sociales, mientras que otros 49 estaban en proceso de verificación.
Las organizaciones explicaron que para la elaboración del informe se basaron en noticias, comunicados o denuncias pública de asesinato de personas calificadas como líderes cometidos según las fuentes por su condición de defensoras de los derechos de las comunidades.
«Además de visibilizar la grave crisis humanitaria que atraviesa el país, buscamos que las instituciones actúen sobre el esclarecimiento de los hechos», aseguró el vocero de la Marcha Patriótica, Cristian Delgado.
