William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los fundadores del cartel de Cali, aseguró que esa organización mafiosa repartió un millón de dólares entre varios congresistas para comprar la absolución del entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998), según unos vídeos difundidos hoy.
Rodríguez compareció el pasado 15 de abril en Miami (EE.UU.) ante las autoridades colombianas en una declaración de siete horas de la que la emisora La F.M. difundió hoy algunas partes.
En su declaración, Rodríguez aseguró que el cartel de Cali compró a algunos congresistas para lograr la absolución de Samper en el juicio que se le adelantaba en la Comisión de Acusaciones del Congreso por los posibles ingresos de dineros del narcotráfico a su campaña electoral.
«Teníamos que evitar que el presidente Samper se cayera. Si esto hubiera ocurrido, nos habrían extraditado administrativamente. Samper no se podía caer», aseguró el heredero del fundador del cartel de Cali, quien agregó que esta organización repartió un millón de dólares entre los congresistas con ese fin.
El hijo del capo de la droga explicó que los pagos se hicieron «en efectivo, con prebendas y con poder político» en una declaración en la que afirmó que «los congresistas son como las prostitutas, uno pierde la cuenta de cuánto les puede dar porque no tienen fondo».
«Empezamos con la Comisión de Acusaciones. Con Jairo Chavarriaga y Heine Mogollón», los parlamentarios encargados de dirigir la investigación que tenía que determinar si Samper sabía que su campaña electoral había recibido una millonaria financiación del cartel de Cali.
Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, padre y tío respectivamente de William Rodríguez, fueron finalmente extraditados a Estados Unidos entre los años 2004 y 2005.
«Al final terminamos mal: ayudamos a que el tipo (Samper) siguiera en el poder y al final nos traicionó a nosotros, como traicionó a (Fernando) Botero (su ministro de Defensa), como ha traicionado a todo el mundo», se lamentó Rodríguez en un momento de su declaración.
Esta declaración revive la polémica por el llamado «Proceso 8.000», un hecho judicial convertido en el mayor escándalo del Gobierno de Samper.
Bogotá, 14 ago (EFE).-
