Washington, 28 oct (EFE).- El Gobierno de Canadá aseguró hoy que los supuestos abusos cometidos por las mineras canadienses en Latinoamérica «están claramente fuera de sus obligaciones» como Estado, mientras la CIDH le pidió «tomar más en serio» el aluvión de acusaciones que esas empresas han recibido en todo el continente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudió hoy en una audiencia si el Gobierno de Canadá tiene alguna responsabilidad en los supuestos abusos a los derechos humanos cometidos por empresas canadienses fuera de sus fronteras, como argumentaron en la sesión tres organizaciones no gubernamentales de ese país.
Al tiempo que multiplicaba sus inversiones en Latinoamérica en los últimos años, el sector minero y petrolero canadiense ha acumulado graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y conflictos legales con Gobiernos en países como Guatemala, Chile, Perú, Bolivia o México.
La coordinadora para Latinoamérica en la organización Mining Watch Canada, Jennifer Moore, argumentó que el Gobierno canadiense es «cómplice por acción y omisión» en las violaciones que cometen las empresas canadienses fuera de sus fronteras, dado el notable apoyo que les concede mediante sus embajadas.
«La política canadiense ha enarbolado el concepto de la diplomacia económica, por el que puede canalizar el 100 % de sus esfuerzos diplomáticos para promover los intereses privados de industrias canadienses», alegó la activista.
Moore exigió que el Gobierno canadiense «imponga un marco mandatorio vinculante sobre sus empresas que están trabajando en el exterior», con el fin de que respeten «los derechos humanos y de los pueblos indígenas».
No obstante, Dana Cryderman, representante alterna de Canadá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que pertenece la CIDH, desvinculó al Gobierno canadiense de las actividades del sector extractivo en el exterior.
«Los abusos de derechos humanos alegados hoy por los solicitantes caen claramente fuera del ámbito de las obligaciones de Canadá bajo la declaración americana», dijo Cryderman en una aparente referencia a la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre.
«Claramente, el hecho de que esas compañías tengan su sede corporativa en Canadá no supone una conexión suficiente con Canadá para implicar sus obligaciones bajo la declaración americana», agregó al subrayar que «nadie ha acusado a actores estatales de Canadá por haber cometido violaciones», sino solo a las empresas.
Además, afirmó que las denuncias sobre supuestos abusos cometidos fuera de sus fronteras «no entran en la esfera de las obligaciones legales de Canadá y su jurisdicción».
«Los países de acogida (de la actividad minera canadiense) en Latinoamérica ofrecen avenidas legales y regulatorias donde las acusaciones hechas por los demandantes pueden y deben dirimirse. La posición de Canadá es que esas avenidas judiciales deben agotarse antes de que las quejas se lleven a otro lugar», apuntó Cryderman.
La funcionaria recordó que el Gobierno del primer ministro, Stephen Harper, aprobó en 2009 una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para la actividad internacional de las empresas extractivas, y defendió que esa política encaja con sus obligaciones internacionales.
La relatora para Canadá en la CIDH, la comisionada Rose-Marie Belle Antoine, aseguró que la Comisión «sigue viendo una serie de violaciones de derechos humanos muy, muy graves ocurridas en la región como resultado de las acciones de las compañías de ciertos países, entre ellos Canadá».
Esas violaciones afectan a los derechos medioambientales, a la salud, a la consulta, los derechos de los pueblos indígenas y a la propia defensa de los derechos humanos, afirmó.
«Urjo a Canadá a tomarse estos asuntos en serio», dijo Antoine.
«Por un lado, Canadá está diciendo que quiere respetar los derechos humanos y, por el otro, toma un enfoque pasivo, como diciendo: ‘No tomamos responsabilidad, esto corresponde a los otros Estados'», aseveró.
