El Gobierno canadiense anunció hoy la detención de 30 refugiados rumanos que cree que fueron traídos al país por una red criminal que los introdujo ilegalmente en Estados Unidos a través de México para transportarlos posteriormente hasta Canadá.
El ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney, dijo hoy durante una rueda de prensa que además de las 30 personas detenidas por la policía, las autoridades están buscando a otras 45 personas que entraron en el país siguiendo el mismo método.
Todos forman parte de un grupo de 85 rumanos que durante los pasados 10 meses han llegado a Canadá tras cruzar ilegalmente de México a Estados Unidos y que al llegar a la frontera canadiense solicitaron refugio.
Los 10 rumanos restantes del grupo de 85 han recibido cartas en las que se les informa que han sido clasificados como «llegadas irregulares», dijo Kenney.
Las 85 personas llegaron a Canadá en cinco fechas distintas, entre febrero y octubre. El grupo incluye alrededor de 35 niños, según dijeron medios de comunicación canadienses que citaron a fuentes gubernamentales.
La televisión pública canadiense, CBC, identificó a las 85 personas como gitanos rumanos.
Kenney se limitó a señalar que todos procedían del mismo distrito de Rumanía.
La prensa canadiense denunció en octubre que una red criminal rumana cobraba entre 10.000 y 30.000 dólares por cada individuo. La ruta empezaba en la localidad turística mexicana de Cancún y continuaba por el estado de Texas.
Las autoridades canadienses explicaron hoy que tras cruzar la frontera entre México y Canadá, los ciudadanos rumanos eran transportados por carretera hasta el pequeño puesto fronterizo de Stanstead, en la provincia de Québec, donde solicitaban refugio.
Kenney afirmó que «desgraciadamente, hay organizaciones criminales que de vez en cuando intentan aprovecharse de nuestras leyes migratorias y obtener beneficio de ese abuso».
«Nuestras puertas están abiertas a inmigrantes que siguen las reglas y esperan su turno, pero no toleramos aquellos que se aprovechan de nuestra generosidad o engañan al sistema para saltarse la cola», añadió Kenney.
Las detenciones se produjeron después de que el ministro de Seguridad Pública, Vic Toews, recibiera información de que «estas llegadas se produjeron como parte de una operación de tráfico de personas» y son posibles gracias a los cambios hechos durante el verano a la legislación canadiense sobre refugio.
De hecho, es la primera vez que las autoridades canadienses clasifican a un grupo de refugiados como «llegadas irregulares».
Toews dijo a través de un comunicado que su designación como «llegadas irregulares» les impedirá solicitar residencia permanente durante cinco años o recibir documentos de viaje como refugiados.
A finales de noviembre, Kenney dijo que en 2011, casi un 25 % de todas las peticiones de asilo recibidas procedían de individuos llegados de países de Europa Occidental, «más que las peticiones recibidas de África o Asia».
Kenney añadió que prácticamente todas las peticiones procedentes de la Unión Europea (UE) fueron retiradas por los propios solicitantes o rechazadas por las autoridades canadienses.
Las autoridades canadienses se han enfrentado en los últimos meses a un acusado aumento de las demandas de refugio de personas procedentes de Rumanía.
Mientras que en 2007 sólo 57 rumanos solicitaron refugio en Canadá, en 2011 la cifra se disparó a 258. En lo que va de año, 209 rumanos han solicitado refugio en Canadá.
En 2009, un aumento similar en el número de solicitudes de refugio de personas procedentes de México provocó que las autoridades canadienses impusieran el visado de entrada a los mexicanos, lo que causó una brecha en las relaciones entre los dos países.
A finales de noviembre, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, viajó a Ottawa poco antes de su toma de posesión y trató con el primer ministro canadiense, Stephen Harper, la cancelación de la medida.
Pocos días después, Kenny anunció nuevos cambios al sistema de asilo de Canadá por los que a partir del 15 de diciembre las autoridades podrán expulsar del país de forma más rápida a aquellos individuos que son rechazados como refugiados.
Los cambios permitirán expulsar a individuos que no obtienen refugio en un año. En la actualidad, el periodo medio para ejecutar la expulsión es de 4,5 años.
