Los campesinos colombianos de la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, cesaron hoy su protesta y desalojaron las vías que bloquearon durante 53 días para entablar un diálogo con el Gobierno, que podrá iniciarse el próximo martes.
Los manifestantes comenzaron a desbloquear las carreteras del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, a primera hora de este sábado, tal como se habían comprometido la víspera con una «comisión garante» del Gobierno, que, a cambio, tenía que convocar a una delegación en una fecha determinada para empezar a negociar.
A mediodía los labriegos ya habían retornado en autobuses y camiones por las deterioradas vías y en canoa por los ríos Catatumbo y El Tarra, con tranquilidad y «sin incidentes», según verificó el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Todd Howland.
«En este momento se puede decir que hay un desbloqueo total y que los campesinos están esperando las noticias del señor presidente de la República (Juan Manuel Santos) para saber cuándo se va a instalar la mesa de negociación», agregó Howland en declaraciones a Efe.
Horas después, el mandatario cumplió con su parte al anunciar que el lunes formará «el grupo que comienza a dialogar» en el Catatumbo, donde las conversaciones podrían iniciarse el martes.
Santos aprovechó además para proyectar este diálogo como un ensayo de lo que será la paz en Colombia si su Gobierno logra firmar la paz con las guerrillas de las FARC y el ELN, pues se trata de un enclave del conflicto y del narcotráfico donde tienen presencia todos los actores de la confrontación armada.
El presidente reveló su intención: «Ver si hay el ánimo de hacer del Catatumbo una especie de plan de piloto, de proyecto experimental para la paz».
Los temas del diálogo serán la declaración de una Zona de Reserva Campesina, un plan de desarrollo para la zona, subsidios de 1,5 millones de pesos (792 dólares) para afectados por la erradicación de cultivos de coca, un programa de sustitución de cultivos ilícitos y garantías legales para los manifestantes.
Una campaña de erradicación manual forzada de hoja de coca fue el detonante de las protestas campesinas el pasado 10 de julio.
El cultivo de coca es el sustento económico de una región que sufre un abandono estatal de décadas, traducido en poca inversión efectiva, carreteras en mal estado y aislamiento.
En el transcurso de las protestas se han registrado disturbios con la fuerza pública, cuatro campesinos muertos, decenas de civiles y uniformados heridos, entre las acusaciones de las autoridades de supuestas infiltraciones por parte de las guerrillas.
El portavoz campesino César Jerez dijo hoy a Efe que «la gente está contenta porque llevan 53 días por fuera de la casa en las protestas e incluso hay otros que se manifiestan en contra de los erradicadores desde hace cuatro meses, y ese es el tiempo que tienen sin ir a la finca».
Por su parte, Howland confirmó, tras recorrer la zona con otros funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, que con la llegada de camiones de víveres y el restablecimiento de los servicios de energía se empieza a superar el desabastecimiento causado por los bloqueos.
«Ahora también hay gas para más de 1.000 familias», comentó, lo que ayudará a «cambiar la situación humanitaria de la gente en Tibú».
Durante el tiempo en que los campesinos han mantenido las protestas ha habido intentos de diálogo sin éxito con el Gobierno, que nombró hasta tres equipos negociadores.
Para el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, «el gran problema» fue «la falta de confianza» entre los campesinos y el Gobierno.
La «comisión garante» que el viernes llegó al preacuerdo con los campesinos estaba liderada por el vicepresidente Angelino Garzón e integrada también por Howland, el expresidente Ernesto Samper, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, el congresista Iván Cepeda y el vicefiscal Fernando Perdomo.
Bogotá, 3 ago (EFE).-
