Marcos Arturo Rosales García, titular de la dependencia que lleva a cabo las investigaciones, dijo que no puede dar detalles del caso. Sin embargo, explicó que se maneja la posibilidad de que los grupos delictivos no sólo estén relacionadas con el narcotráfico sino también con el robo de combustible.
Asimismo, señaló que la dificultad del caso se debe al manejo de evidencia, mayoritariamente intangible, y a la falta de un ministerio público especializado en ciberdelitos.
«Los agentes del MP son licenciados en Derecho, no son ingenieros y comprender los algoritmos matemáticos asociados a criptomonedas, el uso de VPN y proxys, la dark web, la temporalidad de la información, son asuntos que se vuelven complejos y nuestra tarea es traducirlos de tal forma que para el agente del MP se vuelva digerible, y lo pueda vaciar a una carpeta de investigación», dijo Rosales en entrevista para Animal Político.
En el país se han detectado alrededor de 50 criptomonedas distintas en operación, siendo las más recurrentes el bitcoin y ethereum. Su popularidad se debe a que es un tipo de divisa poco regulada.
Los cárteles de la droga llevan años recurriendo a la compra de monedas virtuales y de productos en China para luego trasladarlos a América Latina y así lavar dinero.
En 2017, la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), advirtió que este tipo de operaciones se llevan a cabo desde el 2015.
«El bitcoin y otras monedas virtuales permiten que los cárteles transfieran fácilmente ganancias ilícitas a escala internacional», explicaba el documento firmado por Chuck Rosenberg, ex jefe interino de la Administración de Control de Drogas.
Según el documento, las organizaciones criminales trasnacionales, entre ellas los cárteles mexicanos, reciben asesoría de «brokers» para moverse en la red profunda o «deep web» y usar las monedas virtuales para blanquear sus ganancias ilícitas en Estados Unidos y otras partes del mundo.
Para la DEA, China ha sido un centro permanente para los esquemas de comercio basado en el lavado de dinero, a través de los cuales el crimen organizado compra grandes volúmenes de productos, por medio de transferencias electrónicas o en efectivo a granel desde Estados Unidos.
