El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan para reforzar la frontera con México frente a la inmigración irregular, pese a que su política migratoria pende en la actualidad de los tribunales.
En una huida hacia adelante, la Administración de Biden lanzó una iniciativa de seis puntos para mandar más agentes a la frontera -600 efectivos adicionales para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés)- y mejorar la eficiencia en la tramitación de los casos de migrantes, entre otros.
Todo esto para estar preparado, si la Justicia lo permite, para la rescisión el 23 de mayo del Título 42, una norma sanitaria por la que EE. UU. ha estado expulsando a indocumentados con el pretexto de la pandemia desde el mandato de Donald Trump (2017-2021) y que ahora Biden quiere revocar.
El Gobierno presentó este martes un plan para afrontar la previsible llegada masiva de migrantes tras el levantamiento del Título 42, pese a que el lunes un juez federal de Luisiana anunció que va a bloquear la decisión del Ejecutivo de acabar con esa normal.
Funcionarios de alto rango de la Administración indicaron este martes en una llamada con periodistas que, pese a que no tiene «ningún sentido» y están en desacuerdo con la decisión del juez de Luisiana, el Ejecutivo cumplirá con la orden del magistrado cuando sea expedida.
Aún así, explicaron que, una vez que el Título 42 sea levantado, el Gobierno pretende «expandir de forma significativa» las expulsiones rápidas en la frontera a través del Título 8, que es la norma estándar por la que EE. UU. realiza las deportaciones.
La expansión de esas expulsiones rápidas es uno de los seis pilares del plan de Biden, que también busca reforzar la cooperación en materia migratoria con otros países de la región.
El futuro del Título 42 depende de la Justicia, así como el polémico programa migratorio «Permanecer en México», instaurado en 2019 por Trump para devolver al país vecino a los demandantes de asilo en EE. UU.
El Tribunal Supremo estadounidense escuchó este martes los argumentos orales de un caso en el que tiene que decidir si la Administración de Biden tiene derecho a rescindir dicho programa, cuyo nombre oficial es «Protocolos de Protección de Migrantes» (MPP, en inglés).
No está claro hacia dónde se inclinará la balanza en el Supremo, con seis jueces de tendencia conservadora y tres progresistas, aunque sus preguntas reflejaron un cierto escepticismo hacia los esfuerzos de los estados de Texas y Misuri, gobernados por los republicanos, de impedir que el Ejecutivo federal termine este programa.
En representación del Gobierno, la procuradora general, Elizabeth Prelogar, inició su argumento recordando que el secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas, ejerció su autoridad legal para rescindir los MPP, pero que una corte se lo ha impedido.
En ese sentido, Prelogar hizo hincapié en que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, en la que se apoyan los MPP, dice en una de sus cláusulas que el DHS «puede» emplear su autoridad para devolver a los migrantes a Mexico, y no que «deba» emplearla.
Buena parte de la exposición de Prelogar y las preguntas de los jueces del Supremo se centraron en ese detalle de forma que está empleando el Gobierno para defender su derecho a rescindir el programa y apenas hubo menciones a la trágica situación humanitaria que viven los migrantes en la frontera sur de EE.UU.
Trump instauró los MPP a principios de 2019, obligando a que los extranjeros que llegan a la frontera pidiendo asilo aguarden el curso de sus trámites en territorio mexicano.
Biden suspendió esa política en su primer día en la Casa Blanca, en enero de 2021, e intentó rescindirla completamente el año pasado, pero se enfrentó a la oposición de los fiscales generales de Texas y Misuri, que lograron que un juez federal del primer estado ordenara el restablecimiento de los MPP.
En agosto pasado, una corte federal de apelaciones y el Tribunal Supremo rechazaron los esfuerzos del Gobierno de bloquear la resolución de juez de Texas.
En octubre, Mayorkas publicó un memorando por el que revocaba de nuevo «Permanecer en México», pero en diciembre el Ejecutivo tuvo que reactivar el programa tras otro fallo judicial.
Ante el Supremo también intervino este martes el procurador general de Texas, Judd Stone, quien sostuvo que cuando la ley dice que los migrantes «serán detenidos» se trata de un mandato, por lo que si el DHS no puede arrestarlos por falta de espacio en sus centros de detención es un «deber» enviarlos a México.
Precisamente Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostendrán un encuentro virtual el próximo viernes en el que tratarán las prioridades en la región, entre ellas, la cooperación en inmigración, informó este martes la Casa Blanca.
