En Bangladesh nadie se fía. La revelación de que dos clínicas emitían certificados falsos de pruebas de COVID-19 sin ni siquiera analizar las muestras ha disparado las dudas sobre la realidad de la pandemia en el país, además de la desconfianza de otras naciones y la consecuente prohibición de vuelos desde Dacca.
Una de las más drásticas ha sido Italia, que suspendió la semana pasada los vuelos repletos en su mayoría de trabajadores migrantes bangladesíes después de que detectara en uno de ellos un «número significativo de casos positivos de COVID-19», a pesar de que los viajeros portaban certificados negativos.
Entre esos trabajadores que no pueden regresar a Italia está Mostafazaman Bhuiyan, que viajó a Bangladesh a finales de febrero para atender compromisos familiares y quedó atrapado primero por la pandemia y ahora, por el escándalo de los test falsos.
Hasta el 5 de octubre los viajeros no podrán volar a Italia desde Bangladesh, independientemente de su nacionalidad o ruta, han informado las líneas aéreas.
«No sé cuándo podré regresar. Me puse en contacto con las aerolíneas, pero me dijeron que no pueden darme una nueva fecha de regreso hasta que la restricción se levante», dijo a Efe Bhuiyan.
Bangladesh ha confirmado hasta ahora casi 190.000 casos de coronavirus y unas 2.400 muertes.
El escándalo
La semana pasada, un equipo del Batallón de Acción Rápida (RAB), la unidad de elite de la policía bangladesí, cerró la sede y dos hospitales del Grupo Regent en Dacca por «proporcionar informes (de coronavirus) sin analizar sus muestras», explicaron las autoridades.
«Se suponía que debían recolectar las muestras y analizarlas a través de organizaciones sanitarias gubernamentales. Pero no lo hicieron», explicó a la prensa el magistrado que ordenó la investigación, Sarwoer Alam.
Los hospitales habían realizado 4.264 muestras debidamente analizadas y 6.000 informes falsos y luego el centro decidía al azar los infectados por coronavirus.
El presidente del Grupo Regent, Mohammad Shahed, fue arrestado en la madrugada de este miércoles cuando intentaba huir por tierra a la vecina India.
A finales de junio, las autoridades bangladesíes también habían revocado a JKG Health Care el permiso para la recolección de muestras, tras la detención de seis empleados de la ONG, incluido su director ejecutivo, Arif Chowdhury, con decenas de certificados falsos.
JKG había instalado 44 cabinas en seis puntos de Dacca y la ciudad vecina de Narayanganj para la recolección gratuita de muestras, que debían ser enviadas luego a los laboratorios designados por el Gobierno.
Pero «se dieron cuenta de que así no podían ganar dinero, de manera que abrieron una línea telefónica de asistencia. Una vez que las personas llamaban a esta línea, ellos iban a las casas y cobraban sus honorarios (. ..) Después solían tirar estas muestras y dar certificados a las personas a su voluntad», explicó a Efe el agente que lideró la investigación, Mahmud Khan.
Esta situación deja a la vista la corrupción en el sector de la salud en Bangladesh.
