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Baja la intensidad de la protesta obrera e indígena en Ecuador

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Indígenas cierran la carretera panamericana en frente a autoridades de policía el 13 de agosto de 2015, en sector de los Chasquis, en la provincia de Cotopaxi (Ecuador). EFE
Indígenas cierran la carretera panamericana en frente a autoridades de policía el 13 de agosto de 2015, en sector de los Chasquis, en la provincia de Cotopaxi (Ecuador). EFE

Quito, 14 ago (EFE).- Las protestas convocadas por sindicatos, indígenas y otros sectores sociales de Ecuador contra el Gobierno bajaron hoy de intensidad respecto del jueves, cuando se registraron algunos cortes de carreteras y duros incidentes en el centro de Quito.

Una nutrida marcha recorrió este viernes las calles del centro de la capital ecuatoriana, pero no hubo disturbios, a diferencia de la víspera, cuando se registraron más de cincuenta heridos, entre policías y manifestantes, una veintena de detenidos y daños a infraestructuras públicas.

Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una de las organizaciones que ha convocado a las protestas, rechazó la represión usada por la Policía durante la manifestación del jueves y sugirió que los desmanes se produjeron por parte de personas infiltradas.

El líder indígena remarcó la actitud pacífica de la marcha efectuada hoy en Quito y señaló que la medida de protesta se mantendrá hasta que el Gobierno dé respuestas a las demandas de los sectores sociales.

Esas demandas incluyen el archivo de un proyecto de enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo, que incluye una que facilitaría una eventual reelección del presidente Rafael Correa, así como la derogación de una ley de Aguas y el retiro de una propuesta de normativa sobre la propiedad de la tierra.

Los manifestantes también se oponen a la minería a gran escala, reclaman mayor apoyo a la educación intercultural bilingüe y el libre acceso a las universidades, entre otras demandas.

En exigencia de respuestas a esas demandas, un grupo de indígenas se mantienen desde el pasado miércoles en el céntrico parque El Arbolito, adonde llegaron tras una movilización de diez días y 700 kilómetros, que inició en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sureste).

La acampada de los indígenas en el parque es apoyada por sindicatos, grupos estudiantiles, ecologistas y otros sectores sociales que también exigen rectificaciones al Gobierno.

El presidente Correa, por su parte, aseguró que seguirá acciones penales contra los responsables del corte de carreteras regfistrados ayer y lamentó que durante las protestas hayan resultado heridos 45 policías.

El mandatario también se negó a invitar a un proceso de diálogo nacional que impulsa el Gobierno a los dirigentes sindicales e indígenas que lideran las manifestaciones pues, además de acusarles de violentos, recordó que fueron ellos los que en principio se rehusaron a conversar.

De su lado, el vicepresidente del país, Jorge Glas, aseguró que ninguna provincia se paralizó durante la huelga nacional organizada el jueves por los sindicatos y destacó, en cambio, el respaldo de miles de ciudadanos al Gobierno.

«Estaremos vigilantes, en paz por esta democracia y por ese respaldo gigante al presidente» Correa, señaló Glas durante su participación en una nutrida concentración de simpatizantes del oficialismo en la Plaza de la Independencia, lugar donde se encuentra el Palacio de Gobierno, en el casco histórico de Quito.

Por otra parte, el Ministerio del Interior informó hoy de que en las próximas horas se realizará el proceso definitivo para la salida del país de la ciudadana francobrasileña Manuela Lavinas Picq, de 38 años, retenida en las manifestaciones del jueves.

La mujer que, según medios informativos es pareja sentimental de uno de los líderes indígenas, Carlos Pérez, tiene su visado revocado por la Cancillería ecuatoriana y su situación es de «permanencia irregular» en el país.

El Ministerio, en un comunicado, informó de que la extranjera ingreso en el país en febrero de 2012 y que su visado le permitía permanecer por un plazo de hasta 180 días.

«El proceso definitivo de salida del país de Manuela Lavinas Picq se llevará a cabo en las próximas horas», precisa el texto del Ministerio.

 

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