La Alta Comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas que han sido documentadas por su oficina.
«Estoy muy preocupada por el debilitamiento de la democracia, especialmente por la continua criminalización de las protestas pacíficas», aseguró la chilena. Y agregó: «En el contexto de la última ola de protestas en todo el país contra el Gobierno, en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales -los ‘colectivos armados’- incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas e intimidaciones».
En la comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ex presidente de Chile citó denuncias de que la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) había ejecutado a 37 personas en enero en Caracas en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposición.
Bachelet, además, pidió al régimen de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.
«Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país y considero que esta es una primera medida positiva», destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que «es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones».
También pidió que no haya represalias «contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos», sin dar detalles sobre las personas con las que su equipo está contactando.
La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que el Gobierno de Maduro le ha extendido una invitación, pero el organismo de Naciones Unidas quiere asegurarse de que tendrá libre acceso a opositores y disidentes.
En su intervención, Bachelet analizó las situación de los derechos humanos en Venezuela durante el último año, período en el que según la ex presidente chilena continúa habiendo una grave crisis que «constituye, además, un inquietante factor de desestabilización regional».
«Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente», subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas «se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos».
Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 sólo en las protestas del pasado enero, coincidiendo con la juramentación del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.
«La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada», explicó Bachelet.
«También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela», subrayó la alta comisionada, quien denunció que la «ley contra el odio» aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.
En lo social, Bachelet dijo que los recientes apagones en Venezuela «simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país», donde un millón de niños han dejado de ir a la escuela por problemas económicos de familias y escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado a otros países.
«La polarización está agravando una situación ya de por sí crítica», concluyó la alta comisionada, quien destacó que «es preciso que se alcance un acuerdo para una solución política».
En su discurso también señaló que las sanciones de Washington a Caracas, que afectan entre otros aspectos la venta de crudo venezolano a EEUU, «pueden contribuir a agravar la situación económica».
