La cifra de detenidos que han fallecido en custodia estatal en el contexto del régimen de excepción que cumple un año este lunes se elevó a 111, de acuerdo a un informe de varias organizaciones humanitarias.
«Se contabiliza un total de 111 muertes de personas privadas de libertad, sin que a la fecha existan investigaciones independientes a través de las cuales se determinen las responsabilidades penales que individualicen a los responsables de dichas muertes», indicaron en un comunicado.
De acuerdo con Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), las víctimas «presentan signos de muertes violentas», mientras que las autoridades no revelaron detalles de las causas.
Indicó que las muertes que se han presentado por enfermedades crónicas, cardíacas o respiratorias «no necesariamente son investigadas y muchas veces vienen con signos de violencia que parecen haber sido generados dentro de la prisión».
Reyna señaló que entre estos signos se encuentran estrangulamientos, heridas, fracturas y edema pulmonar.
«Las familias son amenazadas o se les advierte que no abran el ataúd o pidan revisión de los cuerpos. Estos cuerpos tampoco han tenido una autopsia, por lo tanto no hay forma de comprobar la causa de muerte», acotó.
El Salvador cumple este 27 de marzo un año con la suspensión de garantías constitucionales, como la defensa de los detenidos y las inviolabilidad de las telecomunicaciones, con más de 66.417 detenciones, de los que 4.400 enfrentan un proceso en liberad.
Son siete organizaciones las que han recibido un total de 4.723 casos de denuncias de violaciones de derechos humanos, que afectan a 5.082 personas.
Las otras organizaciones que presentaron el informe son Amate, Azul Originario, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Fundación para la Aplicación del Derecho (Fespad) y Cristosal.
