La Audiencia Nacional de España ha archivado una denuncia contra el presidente electo, Gustavo Petro, en la que era acusado de haber integrado el grupo «narcoparamilitar M-19», al que se le atribuyen una serie de crímenes, entre ellos el secuestro del periodista Fernando González Pacheco.
En un auto conocido este miércoles, el tribunal español muestra su sorpresa por la admisión en su momento de esta denuncia, interpuesta «por quien no es víctima de hecho alguno, respecto de hechos que habrían ocurrido en Colombia y que se atribuyen a personas que no son españolas».
Si bien, prosigue la Audiencia, una de las víctimas pudiera ser de nacionalidad española, «no consta dato alguno sobre dónde fue secuestrado y cuando fue liberado, ni indicio alguno para atribuir la autoría al denunciado o siquiera al grupo M-19».
Resuelve así el recurso de la Fiscalía en contra de la admisión de dicha denuncia por parte del juez de instrucción Joaquín Gadea, que ofreció a los herederos de la víctima del secuestro, Fernando González Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales como querellantes, ante la renuncia a ello por parte del Ministerio Público.
Según recuerdan los magistrados, tras la reforma de la Ley española de Justicia Universal, la activación de un procedimiento de estas características «no es admisible mediante querella de un actor popular», ni «resulta posible la incoación de oficio de diligencias por un juzgado de instrucción español», y solo corresponde al fiscal o al agraviado «la persecución de tales delitos».
En este caso, la apertura de una investigación no es posible porque en la denuncia «no se aporta información suficiente sobre la nacionalidad de Fernando González Pacheco ni circunstancias concretas del hecho ocurrido, al parecer el 23 de julio de 1981».
Por ello critica que el juez, «atribuyéndose el ejercicio de la acción que corresponde al Ministerio Fiscal o al ofendido, pretenda indagar sobre la existencia de herederos de la victima que quieran formular querella por unos hechos de 1981».
Según la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional el pasado 18 de marzo, Petro habría incurrido en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio como integrante del grupo armado «narcoparamilitar M-19».
Además, Gustavo Petro tomará posesión como jefe del Estado el 7 de agosto próximo, tras ganar las elecciones presidenciales del país en segunda vuelta.
A los 17 años se unió al movimiento guerrillero M-19. Estuvo encarcelado dos años y se integró de lleno en la vida política tras la desmovilización de ese grupo gracias al acuerdo de paz firmado en 1990 con el Gobierno del presidente Virgilio Barco.
