La sentencia en EE.UU. contra el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, reclamado por España por la matanza de seis jesuitas en El Salvador, fue aplazada hoy de nuevo, tras la declaración de nuevos testigos sobre su pasado militar, que éste negó cuando ingresó a suelo estadounidense.
Montano, acusado en Estados Unidos por fraude migratorio, se enfrenta a varios cargos por perjurio al supuestamente mentir en su solicitud migratoria cuando se trasladó al país, en el año 2001.
Durante la audiencia de hoy, tras la que se esperaba la lectura de la sentencia, testificó la doctora en Estudios Latinoamericanos, Terry Karl, especialista en la guerra civil de El Salvador (1980-1992), quien respondió a las preguntas de la defensa durante más de dos horas y media.
La defensa anticipó que la declaración de Karl sería más corta de lo que finalmente fue, por lo que no dio tiempo a que fuera interrogada por la Fiscalía y a falta de otro testigo, las partes acordaron continuar con el proceso el próximo lunes.
La declaración de Karl puso hoy en evidencia el papel clave de Montano, quien llegó a ser viceministro de seguridad pública, en la cadena de mando militar salvadoreña durante episodios de graves atentados contra los derechos humanos ocurridos durante la guerra civil.
El abogado defensor, Oscar Cruz, intentó desmontar los argumentos de la fiscalía que apuntan a que Montano abandonó el país por temor a ser juzgado por el asesinato de los jesuitas españoles, aduciendo que El Salvador emitió una amnistía general en 1993, sin embargo Karl rebatió al letrado.
«La Amnistía General de 1993 amparaba los crímenes cometidos por ambas partes durante la guerra civil, salvo en algunos episodios clave, como el caso de los jesuitas», indicó.
Karl insistió una y otra vez en que los documentos a los que ella ha tenido acceso para realizar un intenso estudio sobre la guerra civil del país centroamericano demuestran que Montano tuvo capacidad de mando y de toma de decisiones, así como era un elemento clave en «la creación de tácticas y estrategias» por parte del Ejército.
El salvadoreño, de 70 años, solicitó y obtuvo en 2002 el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que el Gobierno estadounidense otorga a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.
Los documentos presentados en el tribunal indican que, tanto en su solicitud inicial para el TPS como en otras solicitudes para renovarlo, el coronel retirado negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona o haber recibido capacitación militar.
El caso se ha prorrogado más de lo esperado, ya que se esperaba la decisión del juez Douglas P. Woodlock el pasado enero, pero este adoptó una prórroga para conocer «con mayor detalle» las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por Montano en su época de militar.
El 2 de diciembre de 2011 las autoridades españolas acordaron solicitar la extradición de 15 exmilitares salvadoreños, entre ellos Montano, por cargos de conspiración y asesinato de cinco de los jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.
En noviembre de 1989 los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón de la muerte en el campus de la Universidad Centroamericana.
La sentencia contra Montano, que ya se declaró culpable de seis de los ocho cargos de perjurio que le fueron presentados, podría ser leída el próximo lunes, fecha programada para la siguiente audiencia en la que la fiscalía interrogará a Karl y también acudirá como testigo el general salvadoreño Mauricio Vargas.
Montano, que se encuentra en libertad vigilada y lleva por orden judicial un brazalete electrónico con localizador, podría ser puesto bajo custodia judicial a petición de la Fiscalía tras la audiencia del lunes al considerar que la petición de extradición de España sería motivo suficiente de fuga.
El posible encarcelamiento de Montano en Estados Unidos por los cargos que se le acusan facilitaría al Departamento de Justicia estadounidense tramitar la posible extradición solicitada por España.
Además, la vinculación de su fraude migratorio con los presuntos delitos cometidos durante la guerra civil salvadoreña darían un impulso a la tramitación de extradición en caso de efectuarse.
Raquel Godos/Boston (EE.UU.), 22 ago (EFE).-
