El Gobierno de México tiene un registro oficial de 26.121 personas «no localizadas» por múltiples motivos, pero no puede determinar aún cuántas de ellas han sido víctimas de las acciones del crimen organizado.
Muchos de quienes integran esta lista «pudieron haberse ausentado por diversas razones, no necesariamente relacionadas con hechos criminales», afirmó hoy en una rueda de prensa la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón.
La información fue dada a conocer días después de que Human Rights Watch (HRW) denunciara que tenía documentados 249 casos de desaparecidos, aunque calculó que había «miles» de personas más sin localizar.
La organización humanitaria también dijo que, de los casos documentados, en 149 halló «evidencias contundentes» de la «participación directa de las fuerzas de seguridad militares, de la Marina, y de las tres policías: municipales, estatales y federales».
Al dar hoy la cifra registrada, las autoridades mexicanas insistieron en todo momento que se trata personas «no localizadas» y que se incluyen posibles emigrantes, víctimas de desastres naturales o mexicanos que han abandonado su hogar.
La base de datos se puede consultar por internet, separados los casos entre «desaparecidos» y «extraviados», donde se puede comprobar la fecha de su desaparición o extravío, la hora, el lugar y sus señas particulares o tatuajes.
Esta lista forma parte del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y, según se anunció hoy, fue construido a partir de las denuncias presentadas, «con independencia de las circunstancias que dieron origen a su ausencia», agregó Limón.
La información fue suministrada después de que, el pasado viernes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, anunciara la creación de una comisión especial para la búsqueda de personas desaparecidas.
Tanto Limón como el subsecretario de Normatividad y Medios, Eduardo Sánchez, insistieron en que aún no se puede definir las razones de ausencia y dijeron que la base de datos tiene que ser depurada porque muchas personas ya pueden haber aparecido.
«En ocasiones se levanta un reporte de no localización de una persona, y cuando ésta aparece no se da aviso a la autoridad», afirmó la subsecretaria mexicana.
Limón declaró que queda en manos de las autoridades fiscales determinar «cuáles de estos casos tienen que ver con el crimen organizado».
Según datos oficiales, durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), cerca de 70.000 personas murieron en México por hechos vinculados con el crimen organizado. Periódicamente se encuentran fosas con personas cuyo paradero era desconocido.
Pero los altos funcionarios mexicanos no apuntaron hoy a esa razón como la principal causa de las personas no localizadas, y mencionaron que también puede haber muchos emigrantes a Estados Unidos o ciudadanos que abandonan su hogar por razones familiares.
«Es muy importante mencionarlo, porque estos casos se repiten constantemente», afirmó Sánchez.
El registro abarca todo el mandato de Calderón, pero aunque también se ha recibido información sobre este tema desde que asumió el poder su sucesor, Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre pasado, los datos disponibles tienen «altas inconsistencias».
Sánchez confía en que antes de marzo esa información pueda ser depurada, para tener una idea de cuántas denuncias sobre personas desaparecidas ha habido con el nuevo Gobierno.
Los altos funcionarios destacaron la transparencia con la que ha querido actuar el Gobierno de Peña Nieto, con el fin de brindar «una información ajustada a la realidad».
«Había una enorme confusión», dijo Sánchez a la emisora Radio Fórmula. Se hablaba de desaparecidos «como si fuera una guerra», añadió.
(EFE).-
