Washington, 3 oct (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, destacó hoy la «apertura y transparencia» del Gobierno mexicano durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país que finalizó esta semana.
Además, Almagro indicó en un comunicado que la comisión «es una pieza clave en el Sistema Interamericano a la que acuden los más desprotegidos» del Hemisferio y por ello, dijo, tiene su «apoyo».
Asimismo, el secretario general destacó la actitud del Gobierno mexicano al considerar que «un Gobierno puede o no disentir con algunos de los hallazgos de la CIDH», pero «lo importante es que la Comisión pueda trabajar con garantías» y, según afirmó, es «algo que México ha proporcionado en todo momento».
En esta gira de trabajo por México tras casi 20 años sin pisar el país, la CIDH constató «en terreno» que la nación afronta «una grave crisis de derechos humanos».
La CIDH confrontó al Gobierno mexicano tras su visita que concluyó este viernes al afirmar que en México hay una violación «estructural» de los derechos humanos y considerar que la desaparición de los 43 jóvenes de la escuela de Ayotzinapa hace un año no es un hecho «aislado».
«No vemos la tragedia de los 43 estudiantes como una tragedia aislada, sino como un patrón de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante décadas», dijo la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, en la rueda de prensa para presentar el informe preliminar de la visita a México del organismo.
Esta dura afirmación fue respondida en un acto celebrado casi en paralelo por el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, Roberto Campa, quien dijo que la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 fue una situación «extraordinaria».
No obstante, el Gobierno de México acordó seguir financiando las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue designado por la CIDH para investigar la desaparición de los jóvenes.
Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron arrestados por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados a miembros de cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los mataron e incineraron en un basurero cercano.
Sin embargo, el grupo de expertos independientes de la CIDH cuestionó dicha versión en un informe presentado en septiembre pasado que denunció serias irregularidades en la investigación.
