WASHINGTON — El presidente Donald Trump promulgó el miércoles la Ley Laken Riley , que otorga a las autoridades federales un mayor poder para deportar a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que hayan sido acusados de algún delito. En la ceremonia también anunció que su gobierno planea enviar a los “peores criminales extranjeros” a un centro de detención en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
La ley bipartidista, la primera pieza legislativa aprobada durante el segundo mandato de Trump, lleva el nombre de Riley, una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que fue asesinada el año pasado por un hombre venezolano que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos.
“Era una luz de calidez y amabilidad”, dijo Trump durante una ceremonia en la que estuvieron presentes los padres y la hermana de Riley. “Lo que está sucediendo hoy es un gran homenaje a su hija, eso es todo lo que puedo decir. Es muy triste que tengamos que hacerlo”.
Trump ha prometido aumentar drásticamente las deportaciones, pero también dijo durante la firma que no se puede contar con que algunas de las personas que están siendo enviadas de regreso a sus países de origen se queden allí.
“Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo”, dijo Trump. Agregó que ordenaría a los funcionarios federales que preparen instalaciones en Cuba para recibir a los inmigrantes criminales.
“Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense”, dijo el presidente.
Poco después, la Casa Blanca anunció que Trump había firmado un memorando presidencial sobre Guantánamo. Los grupos de derechos de los migrantes expresaron rápidamente su consternación.
“La historia de abusos de la Bahía de Guantánamo habla por sí sola y, en términos inequívocos, pondrá en peligro la salud física y mental de las personas”, dijo Stacy Suh, directora de programas de Detention Watch Network, en un comunicado.
Trump dijo que la medida duplicaría la capacidad de los centros de detención de Estados Unidos y que Guantánamo es “un lugar difícil del que salir”.
La instalación de Guantánamo podría albergar a “criminales peligrosos” y personas “difíciles de deportar”, dijo un funcionario de la administración Trump que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que su departamento puede establecer un centro de detención “muy rápidamente” y calificó la Bahía de Guantánamo como “un lugar perfecto”.
“No queremos que los criminales ilegales permanezcan en Estados Unidos ni un minuto más de lo que deben”, dijo el miércoles por la noche en el programa “Jesse Watters Primetime” de Fox News. “Trasladarlos a la Bahía de Guantánamo, donde pueden permanecer a salvo hasta que sean deportados a su destino final, su país de origen”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la administración buscaría financiamiento a través de proyectos de ley de gastos que el Congreso eventualmente considerará.
La base militar estadounidense se ha utilizado durante años para albergar a detenidos en el marco de la guerra contra el terrorismo, pero las autoridades también han detenido a migrantes en el mar en una instalación conocida como Centro de Operaciones Migratorias en Guantánamo, un lugar que Estados Unidos ha alquilado desde hace tiempo al gobierno cubano. Muchos de los que han estado alojados allí han sido migrantes de Haití y Cuba.
Estados Unidos ha arrendado a Cuba el territorio de Guantánamo durante más de un siglo. Cuba se opone al arrendamiento y suele rechazar los pagos nominales de alquiler estadounidenses. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que el deseo de Trump de enviar inmigrantes a la isla es “un acto de brutalidad”.
“La decisión del gobierno de Estados Unidos de encarcelar a migrantes en la Base Naval de Guantánamo, en un enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida, demuestra un desprecio por la condición humana y el derecho internacional”, escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en una publicación en X.
En 2008, la Corte Suprema dictaminó que los combatientes enemigos en la guerra contra el terrorismo detenidos sin cargos en la prisión militar de Guantánamo tenían derecho a impugnar su detención ante un tribunal federal, pero los magistrados no decidieron si el presidente tenía autoridad para detener a personas.
Antes de que Trump asumiera el cargo, las administraciones demócratas de Barack Obama y Joe Biden trabajaron para reducir el número de sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo.
La madre de Riley agradeció a Trump mientras contenía las lágrimas.
“Dijo que protegería nuestras fronteras y que nunca se olvidaría de Laken y no lo ha hecho”, afirmó.
A la ceremonia de firma asistieron varios legisladores republicanos destacados y Noem, al igual que el senador demócrata John Fetterman de Pensilvania, uno de los patrocinadores.
Según la nueva ley, los funcionarios federales tendrían que detener a cualquier inmigrante arrestado o acusado de delitos como robo o agresión a un agente de policía, o delitos que lesionen o maten a alguien. Los fiscales generales estatales podrían demandar al gobierno de Estados Unidos por los daños causados por las decisiones federales sobre inmigración, lo que potencialmente permitiría a los líderes de los estados conservadores ayudar a dictar la política de inmigración establecida por Washington.
Algunos demócratas han cuestionado su constitucionalidad. La ALCU dice que la ley puede permitir que las personas sean “encarceladas obligatoriamente, posiblemente durante años, porque en algún momento de sus vidas, quizás hace décadas, fueron acusadas de delitos no violentos”.
Hannah Flamm, directora interina de políticas del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, dijo que la medida viola los derechos básicos de los inmigrantes al permitir la detención de personas que no han sido acusadas de ningún delito, y mucho menos condenadas.
“El temor latente del ciclo electoral de parecer indulgente con el crimen se convirtió en una bola de nieve que ayudó e instigó a Trump a confundir totalmente la inmigración con el crimen”, dijo Flamm.
También señaló: “Creo que es fundamental entender que este proyecto de ley, presentado como vinculado a una muerte trágica, es un pretexto para fortalecer un sistema de deportación masiva”.
